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Revista el Federal - Sociedad - nota

El gobierno avanza en las obras de las represas de Santa Cruz

El gobierno está decidido a destruir el ecosistema del río Santa Cruz, aún cuando no realizó el nuevo estudio de impacto ambiental que le exige la Corte Suprema, ya comenzaron a tomar los exámenes preocupacionales para los obreros que trabajarán en la construcción de las dos represas.

A pesar de que la Corte Suprema ordenó al gobierno a hacer otro estudio de impacto ambiental para conocer las consecuencias para la naturaleza que traerá la construcción de las dos megarepresas sobre el río Santa Cruz, esta semana en el Hospital de El Calafate comenzaron los exámenes preocupacionales para los futuros obreros que trabajarán en las polémicas obras.

“Empezamos con los aspirantes locales y mañana está viajando gente de varios lugares de Santa Cruz, de la cuenca carbonífera de Río Turbio y 28 de Noviembre y de la zona de las represas, así que el circuito está en plena marcha”, comentó el director del hospital de alta complejidad (Samic) de El Calafate, Gastón Ortiz Maldonado.

Maldonado expresó que esperan procesar un promedio de 100 exámenes mensuales hasta abril, “para cubrir unos 1.000 puestos de trabajo este año y llegar a entre 5.000 y 6.000 en 2019, cuando las obras estarán a full”. El lobby del gobierno de ofrecer estas dos represas hidroeléctricas como una alternativa laboral para una provincia asediada por la desocupacón, hizo efecto. Le empresa UTE Represas Patagónicas, integrada por las firmas argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo S.A y la compañía china Gezhouba Group Corp (CGGC), será la encargada de construir las dos monumentales represas que modificarán para siempre el medio ambiente del río Santa Cruz, el último de origen glaciar libre de nuestro país.

“Vamos a cubrir las emergencias que pudieran resultar de las obras, aunque esperamos que no pase ninguna“, manifestó Maldonado en relación a la construcción de La Barrancosa y Cóndor Cliff, los nombres originales de las represas que durante algunos años recibieron los nombres Néstor Krichner y Jorge Cepernic.

El colectivo ambiental Río Santa Cruz Sin Represas junto Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre,  Flora y Fauna y la Asociación de Abogados Ambientalistas lograron frenar las obras en diciembre de 2016, pero en julio pasado el gobierno nacional logró destrabar este impedimento legal y avanzó con las obras. “Creemos posible que el gobierno nacional revea la necesidad de esta obra, pero sabemos que continuarán avanzando, y por eso buscamos la forma de minimizar el impacto y evitar que se haga una obra que pueda afectar el campo de hielo patagónico sur”, comentó a la prensa María Marta Di Paola, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Seguimos de cerca a los actores chinos, los bancos que financiarán y la empresa Gezhouba de la UTE Represas Patagonia, y en contacto con la UNESCO, exponiendo las debilidades del estudio de impacto ambiental”, afirmó Di Paola. El gobierno nacional, desoyendo a especialistas que advierten sobre las consecuencias negativas hacia el medio ambiente que traerá la invasión de miles de personas en espacios naturales muy sensibles, elige la destrucción de uno de lo últimos ecosistemas vírgenes del mundo.