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Revista el Federal - Mi País - nota

El gobierno salteño avaló el desmonte de 9000 hectáreas de bosque nativo

Las tierras desmontadas son propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. El gobierno de Urtubey avaló el desmonte. "Si existiera la Ley de Delitos Forestales, los funcionarios y los empresarios implicados en este caso estarían con una causa pena" afirman desde Greenpeace.

Lejos de mostrar arrepentimiento o promover el cuidado del medio ambiente, el gobierno de Salta ratificó que el desmonte que está haciendo la familia Braun Peña en la finca El Cuchuy fue hecho con el aval oficial. 9000 hectáreas fueron desmontadas para volver productivos estos bosques nativos que están protegidos por la Ley. El campo es propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, sostuvo el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. La ONG afirma que detuvieron y lograron parar una topadora cuando desmontaba un potrero en la finca El Cuchuy, a sólo 70 kilómetros de Tartagal. Para Greenpeace y demás asociaciones ambientalistas, la actividad de Braun Peña es ilegal, ya que estaría violando la Ley de Bosques.

La polémica se desató cuando se supo que las tierras de El Cachuy, protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos fueron modificadas por pedido de Braun Peña, lo que en efecto luego sucedió y permitió el desmonte de 8.962 hectáreas -hasta ahora-. El desmonte fue advertido también por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. El hecho de destruir el medio ambiente de esta región cobra más trascendencia porque dentro de este territorio viven cuatro comunidades wichis, a las que les están modificando sus estilos de vida. “Si existiera la Ley de Delitos Forestales que estamos impulsando en el Congreso de la Nación, los funcionarios y los empresarios implicados en este caso estarían con una causa penal”, puntualizó Giardini. Esta Ley está cajoneada en el despecho de la diputada por Jujuy, María Gabriela Burgos.

Sin mediar muchas explicaciones y lejos de acercar una postura proteccionista del bosque nativo, el gobierno de Salta comunicó que el cambio de zonificación del suelo de la Finca de Braun Peña se hizo en el 2014 y fue legales. Greenpeace señala en cambio que las tierras del estanciero -con aceitados contactos en el mundo de la política- estaban dentro de la categoría Rojo y Amarillo, es decir, que no se podían modificar para ser pasibles de ser desmontadas con fines comerciales.

El gobierno de Urtubey, protegiendo la decisión política de favorecer a la familia Braun Peña, argumenta que la Ley de Bosques establece que son las provincias las que producen sus ordenamientos territoriales. El Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ambiente, permitió que se desmontara bosque nativo. El Decreto 2211/10 avaló el ingreso de las tapadoras al predio.

La destrucción de estos bosques afectará las vidas de las comunidades wichis de Corralito, Cuchuy, San José y Chaguaral, quienes desde el año 2012 reciben presiones y conductas extorsivas de la familia Braun Peña para que abandonen el lugar. Debido al estado público que recibió este hecho, se hizo saber que los estancieros le donarán a la comunidad Cachuy 300 hectáreas, como dádiva por cambiar sus estilos de vida y arrasar con la biodiversidad de una tierra que los favores políticos destruyeron.