60 mil personas de todo el país participaron del 31º Encuentro Nacional de Mujeres el sábado pasado en el Monumento a la Bandera en Rosario, con talleres y actividades culturales destinadas a hacer visibles problemáticas de nuestra sociedad como lo son la violencia hacia las mujeres, los femicidios, la necesidad del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, leyes de género, el trabajo, la concentración de la tierra y el modelo productivo, el narcotráfico, entre otros temas. Un acontecimiento histórico en el que lamentablemente no faltó la represión de la policía frente a la Catedral.

Estuvieron presentes los casos de Belén en Tucumán, el de Ana María Acevedo, muerta por un cáncer tras negarle el acceso a la interrupción de su embarazo, y el de Yamila en Rosario, condenada por la Justicia provincial luego de sufrir un aborto espontáneo. También el recuerdo de mujeres asesinadas, como Sandra Cabrera, y Chiara Páez.

Por las trabajadoras, estudiantes, desocupadas, campesinas, mujeres de los pueblos originarios, amas de casa, sindicalistas, docentes, feministas, familiares de víctimas de femicidio y de gatillo fácil, mujeres trans, mujeres en situación de encierro, las de organizaciones sociales y políticas, de agrupaciones estudiantiles, de organizaciones de derechos humanos, barriales, por la diversidad sexual, mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes, mujeres de agrupaciones culturales, por el derecho a la tierra y la vivienda, por el respeto al medioambiente, y tantas otras. Compartimos parte del Documento Apertura de este 31 Encuentro Nacional de Mujeres, para quienes quieran comprender este evento que busca enfrentar y transformar una sociedad que aún sigue siendo desigual para las mujeres:

“Es importante que recordemos qué significa Rosario en términos económicos y productivos para los poderosos del país. La Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas que produce el pueblo, nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%.

Nuestra ciudad se ha vuelto territorio de operaciones de bandas narcocriminales, un negocio millonario del que participan y son protagonistas policías, políticos de todos los niveles del Estado y empresarios, con la complicidad del Poder Judicial, mientras nuestras barriadas populares padecen los efectos más brutales de la devastación neoliberal. Las madres y las hermanas, las jefas de hogar, las abuelas son quienes se hacen cargo de las familias destruidas por la lógica de reclutar soldaditos y bandas, quienes sufren las principales consecuencias de estas violencias. Pero también son quienes encabezan las luchas por justicia y los reclamos frente a la violencia institucional al ver asesinadas y asesinados a jóvenes en manos de la policía. Con Elsa Godoy como símbolo, fallecida este año, homenajeamos a todas esas valientes mujeres que luchan por justicia.

A la vez, con la narcopolicía y los negociados, se reproducen y aumentan las formas de violencia hacia nosotras: los secuestros de mujeres de diversas edades para trata con fines de explotación sexual crecieron en los últimos años en Santa Fe, tanto en Rosario y ciudad capital como en los departamentos del norte. Nuestra región es, desde hace años, no sólo zona de tránsito y operaciones del entramado criminal de la trata, sino también de reclutamiento. Por año, se realizan 300 denuncias de mujeres que faltan de sus casas.

Aquí nos encontramos, haciendo un gran esfuerzo, porque entre los despidos, que ya son más de 150 mil, se cuentan miles de mujeres que ya no tenemos un ingreso para poder alimentar a nuestras familias, a nuestras hijas e hijos. A esta situación inaceptable se le suman los efectos de la inflación, que más allá de los trucos y malabares que las mujeres hagamos para llegar a fin de mes, golpean implacablemente las economías familiares. En la cadena del ajuste, somos miles de nosotras las más perjudicadas, porque somos sostenes de hogares y de familias y debemos afrontar solas los costos de estos ataques. Y como esto si fuera poco, se suman los tarifazos de luz, gas y agua, con aumentos altísimos, mientras nuestros salarios no aumentaron más de un 30% respecto del año pasado.

Las mujeres trabajadoras en nuestro país y en el mundo somos las que realizamos las tareas y cubrimos los puestos más precarizados. Frente a este hecho decimos: ¡basta de precarización laboral! Esto se agrava con la desigualdad salarial, y por eso pedimos que ¡a igual trabajo, igual salario!, y exigimos también el 82% móvil para las jubiladas, rechazando la suba de la edad jubilatoria y el vaciamiento de las cajas previsionales. Estamos hartas del acoso que sufrimos por parte de nuestros jefes, encargados, patrones. ¡Basta de acoso sexual en el trabajo!

Las mujeres también somos afectadas por la concentración de la tierra y la producción: en nuestro país, el 2% de los terratenientes concentran el 50% de la tierra. Esto deja como saldo la sojización, el monocultivo y la utilización de agroquímicos como el glifosato, que contaminan nuestras localidades y afectan gravemente la salud de las personas que las habitan. Contra la megaminería, contaminante y saqueadora de nuestros recursos naturales, las mujeres integramos los frentes de lucha y resistencia de nuestras comunidades, ante el avance devastador del extractivismo. Las economías regionales y los sectores de pequeños productores, como los tamberos, son los que más sufren la falta de políticas públicas diferenciadas, que pagan con su desaparición. Nuestras comunidades originarias han sido históricamente condenadas al desplazamiento y la falta de acceso a condiciones saludables de vida, que se traducen en muertes de nuestras niñas, como fue el caso de Matilde Sánchez, en la provincia de Santa Fe, muerta por hantavirus. Las mujeres originarias sufrimos una triple opresión: por ser pobres, por ser mujeres y por pertenecer a los pueblos originarios; la lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad continua intacta después de más de 500 años de opresión.

La soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios forma parte de una de las luchas centrales que, como mujeres del continente entero, venimos dando.

Las trabajadoras de la cultura, las artistas y las intelectuales no necesitamos de las grandes industrias culturales ni de los megaespectáculos que nos excluyen e invisibilizan nuestras producciones, pero sí necesitamos continuar generando espacios de difusión, producción, intercambio y aprendizaje.

Los contextos violentos siempre traen aparejada mayor violencia contra las identidades femeninas. Las denuncias aumentan y los casos más terribles no cesan de multiplicarse, mientras que el Estado, en sus diferentes niveles, no genera respuestas ni abordajes integrales que se propongan cambiar la vida de las mujeres en situación de violencia. El Poder Judicial es cómplice, ya que garantiza la impunidad de violentos y femicidas. Es evidente la falta de voluntad política de los distintos Gobiernos que no implementaron ni implementan la Ley 26.485, ni destinan presupuesto acorde a las necesidades que tenemos. El machismo sigue matando, apuntalado y perpetuado por la cultura de la violación, tras la que se cobija el redituable negocio de mercantilizar los cuerpos femeninos. Ante los avances de las mujeres, el modelo patriarcal busca resguardar sus privilegios y reforzar nuestra opresión, y las consecuencias se ven en los números: una mujer muere asesinada en nuestro país cada 28 h sólo por el hecho de ser mujer.

Nuestra lucha de Ni Una Menos, que surge luego del femicidio de Chiara Paez ocurrido en esta provincia, ya traspasó las fronteras argentinas y se convirtió en una consigna que se proclama en todo el continente.

En nuestra provincia, Ana María Acevedo murió víctima de cáncer por negársele el derecho a un aborto legal; el Estado y la Iglesia, sostenedores del patriarcado, se llevaron la vida de esta joven mujer. Sabemos que anualmente mueren cerca de 100 mujeres gestantes por abortos clandestinos.”