La organización ecologista Greenpeace destacó que 44 proyectos mineros sobre estas áreas “están frenados gracias a la norma”, pero advirtió que “aún está pendiente el cierre definitivo de los proyectos Veladero y Pascua Lama” y que su incumplimiento dio lugar a “los derrames tóxicos más graves de la historia”.

Sancionada el 30 de septiembre de 2010 después de una primera versión que había sido vetada en 2008, la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar es considerada “el segundo logro ambiental conseguido por la comunidad, después de la Ley de Bosques“, indica la organización.

Es que el proceso de sanción y aplicación de la norma tuvo interrupciones y contramarchas por la presión del sector minero, de creciente poder en el país, que “culminaron el año pasado con la ratificación en la Corte Suprema de Justicia de la constitucionalidad y el procesamiento en la justicia de ex funcionarios de primer nivel por el incumplimiento de la ley”.

La resistencia de las poblaciones afectadas en San Juan y la participación de la gente en todo el país para pedir que se frene la destrucción de los glaciares generaron la presión para que hoy tengamos una Ley de Glaciares”, recordó Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace en Argentina.

Que hoy todavía esté pendiente el cierre de Veladero y Pascua Lama (de la Barrick Gold, del lago argentino), es inadmisible, pero haber detenido el avance de más de 40 emprendimientos sobre glaciares, es un logro que no puede pasar desapercibido”, añadió.

La Ley de Glaciares preserva estas áreas como reservas estratégicas de recursos hídricos, de biodiversidad, a la vez que los clasifica como “bienes de carácter público”.

“Los intentos de embarrar la cancha en el ámbito de la Justicia, mostraron el interés concreto de empresas, como Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas prohibidas por la Ley de Glaciares y que están contaminando un bien esencial como el agua” señaló Enrique Viale, abogado ambientalista.

En ese sentido, Greenpeace recordó “el amparo judicial de San Juan para que no se aplique en la provincia en un primer momento, la dilación en la sanción del inventario previsto en la Ley que se aprobó recién seis años después, y el nombramiento de un ex empleado de Barrick Gold para realizar la auditoría de Glaciares en la provincia cuyana en 2012″.

“En septiembre de 2015 la falta de aplicación de la Ley de Glaciares hizo posible el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada que contaminó cinco ríos de San Juan, el peor desastre ambiental provocado por una minera (Barrick Gold) en nuestro país”, puntualizaron.