“Instamos a los productores a que no suscriban compromisos ajenos a los usos y costumbres que rigen el comercio de granos, y que tengan presente que ni los exportadores ni los demás actores de la cadena tienen derecho a tomar muestras, informar a un tercero y/o realizar retenciones en forma compulsiva, vulnerando así el artículo 83 de la ley de patentes 24481, el derecho de autodeterminación informativa y el Inc. 2 del artículo 173 del Código Penal, respectivamente.” 

Eso reza el comuunicado que Coninagro, una de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace, lanzó a sus asociaciados para prevenirlos sobre un posible avance ilegal de la empresa multinacional sobre la rentabilidad de los productores de soja de la Argentina.

“La pretensión de Monsanto de fiscalizar toda la producción de soja en la argentina y de obligar a retener compulsivamente un canon en su beneficio, constituye un sistema contrario al régimen legal argentino”, expresa la misiva de Coninagro. “No estamos de acuerdo que una empresa privada como Monsanto se crea con powwwad de fiscalización que es propia del estado”.

Por eso, la entidad que agrupa a cientos de cooperativas e todos el país solicitó “a las empresas exportadoras y demás actores de la cadena comercial, se abstengan de aplicar la metodología pretendida por Mosanto”, al tiempo que exigió a las autoridades nacionales para que “de manera urgente tome cartas en el asunto y evite que Monsanto o cualquier empresa privada, imponga un régimen, inaplicable, arbitrario e inconstitucional”.

“Como entidades del agro, alentamos la incorporación de tecnologías que puedan ser aplicadas a la producción pero no aceptamos un sistema que avasalle derechos de los productores y que someta a  las demás empresas de la cadena, a la inseguridad jurídica que el mismo conlleva”, cierra el comunicado.