Se trata del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., de la familia Patrón Costas, que afectará 125 hectáreas (de una superficie catastral de 500 hectáreas) en una cuenca hídrica vital para la zona. La finca está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido.

La ecorregión de Yungas ocupa menos del 1% del territorio argentino, pero concentra casi el 50% de la biodiversidad.

“El gobernador Sáenz no puede desentenderse y dejar en manos del Municipio de San Lorenzo la decisión de desmontar este frágil ecosistema. La provincia es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y no debe permitir que se viole, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La organización ambientalista envió una carta al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamando por este desmonte y solicitando que declare la Emergencia Forestal.

La Selva de Yungas cumple un rol ecológico muy importante por su alta diversidad biológica y la provisión de agua en época seca. La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero lomo blanco, la bandurria baya, el loro alisero, el zorzal colorado, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y chal chal, entre otros.

Recordemos que el monitoreo de deforestación en el norte del país, realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se desmontaron 9.079 hectáreas de bosques nativos.

“Sáenz mira para otro lado mientras las topadoras arrasan impunemente los bosques salteños. Varios de los desmontes que se están ejecutando en plena cuarentena fueron aprobados de manera ilegal bajo la gestión de Urtubey, pero el nuevo gobierno los convalidó, sumándose así a la complicidad de este crimen ambiental”, afirmó Cruz.