“La voracidad e impunidad de algunos empresarios agropecuarios demuestran que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción y necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El pasado 5 de noviembre, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”.

A pesar del fallo judicial, el monitoreo de deforestación del norte del país que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que durante el mes de noviembre en la provincia de Chaco se realizaron desmontes en 35 fincas, afectando una superficie de 1.681 hectáreas de bosques nativos.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas deforestadas.

“El gobierno de Chaco debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla lo establecido por la Justicia y no se siga deforestando. Más desmontes significan más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Cruz.

Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.