El 4 de diciembre de 2014 la Escuela N° 44 “República Argentina” de Santa Anita, provincia de Entre Ríos, fue víctima de una fumigación aérea con agrotóxicos. Los estudiantes y la docente Mariela Leiva tuvieron que recibir atención médica en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.

Se trata de la primera causa de este tipo que es elevada a juicio, aunque es importante saber que no es un caso aislado, ya que los ‘pueblos fumigados‘ de nuestro país son afectados por estos venenos todo el tiempo.

Ahora, con motivo del comienzo del juicio, las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace de la provincia (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) se reunieron en Paraná y emitieron un comunicado que pretende desestimar la investigación preparatoria que durante dos años llevó adelante la Fiscalía y que motivó el pedido de remisión a juicio oral.

Como explica el medio local Análisis Digital, las entidades rurales no son parte del juicio, pero de manera corporativa expresaron su “preocupación” por el proceso que se desarrollará esta semana y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.

El juicio puede sentar un precedente que limite la práctica agropecuaria y ponga en jaque el modelo productivo que se basa en la utilización de agrotóxicos. Esto es lo que motivó la reunión y posterior redacción de un comunicado por parte de la Mesa de Enlace, donde las entidades manifestaron su “preocupación” por el devenir del juicio que investiga la fumigación de la Escuela N° 44.

Las entidades agrarias aseguraron que “se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”. Sin embargo, según el testimonio de la maestra “no se recibió ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, no hubo receta agronómica. La Policía dijo que no hubo presentaciones (permisos) y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación“.

Entre los testimonios aportados por la Fiscalía, se encuentra el de los profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos y la maestra intoxicados, un perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y un investigador del Conicet que constató mediante estudios de aire que “la escuela está expuesta a la contaminación”.

La organización “Paren de Fumigar las Escuelas” expresó a medios locales que los argumentos que esgrime la Mesa de Enlace buscan eximir de responsabilidad a los imputados: “Vemos que es clara la actitud corporativa de quienes fijan postura a favor del negocio pero en contra de la salud de las comunidades rurales“.

“Deseamos expresar nuestro repudio a este nuevo intento por deslegitimar una lucha que no es solamente ambiental, sino que persigue además el objetivo de promover y preservar un lugar saludable para poder enseñar y aprender”.

Pueblos Fumigados

En las zonas rurales del Litoral, del Norte y de Córdoba, abundan los casos de alergias, problemas respiratorios y neurológicos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncero la muerte, como consecuencia de un modelo de agroproducción que hace uso indiscriminado de agrotóxicos como el glifosato.

Otro caso que podemos mencionar sobre una escuela fumigada (que está abordado en el libro ‘Envenenados‘) es el de Estela Lemesla directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, un paraje cercano a Gualeguaychú, quien convive con dos químicos en su sangre (uno de ellos, glifosato), producto de una fumigación ilegal que le ocasionó serios problemas de salud, y la ART se niega a cubrirle los costos de un tratamiento intensivo.

Por su parte, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires también se unieron para luchar contra las fumigaciones y crearon la Red de Docentes por la Vida. 

Por Matilde Moyano