El pedido de informes para conocer las prácticas relacionadas con la aplicación de los agroquímicos abarca a Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, municipios cercanos a Pergamino, donde el año pasado una investigación reveló que el agua estaba contaminada con al menos 18 tipos de agrotóxicos.

El fiscal federal Matías Di Lello busca establecer si desde esos municipios se viene realizando algún tipo de control para el uso de los productos que quienes los utilizan prefieren llamar “fitosanitarios“.

En Pergamino, la Justica falló para que se prohíban las pulverizaciones a menos de mil metros de forma terrestre, y a menos de tres mil de forma aérea. Además, imputó a tres funcionarios del gobierno local. Allí, como en otras localidades bonaerenses, se registran numerosos casos de cáncer, abortos espontáneos, afecciones en la piel y otras enfermedades que los expertos aseguran que tiene conexión con los efectos de las fumigaciones.

El fiscal de esa causa busca ahora establecer un mapa pormenorizado de la situación, por lo que elevó ese pedido a los seis municipios cercanos, los cuales deberán contestar en el plazo de 15 días. Parte del pedido apunta a contestar si “existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”, y también si “existen barreras forestales”. Asimismo, Di Lello pide información acerca de si se está capacitando a funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agrotóxicos.

Recordemos que el actual gobierno bonaerense suspendió por un año la resolución 246/2018 (promovida por el gobierno de María Eugenia Vidal) que habilita las pulverizaciones con agrotóxicos a pocos metros de poblaciones y escuelas rurales en toda la provincia de Buenos Aires