Durante julio, los ministros Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), Sergio Bergman (Ambiente y Desarrollo Sustentable), Lino Barañao (Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) y Adolfo Rubinstein (Salud) presentaron un documento avalado entre otros organismos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con principios y recomendaciones para la aplicación de “fitosanitarios” de manera “sostenible y sustentable”, los cuales favorecen el uso indiscriminado de estos.

La aplicación de agrotóxicos implica necesariamente tener en cuenta distancias mínimas (en algunos casos de hasta dos mil metros) para proteger la salud de quienes habitan los pueblos o centros urbanos cercanos a los campos. Así y todo, los ministros no establecieron estas distancias preventivas.

“Como trabajadores de INTA agremiados en ATE, creemos que es necesario pronunciarnos al respecto”. Compartimos a continuación un comunicado emitido por los trabajadores del INTA, en el que se manifiestan en contra del agronegocio y en favor de la salud: No queremos un INTA al servicio de los agronegocios”:

UN DOCUMENTO HECHO A MEDIDA DE LAS MULTINACIONALES DEL AGRO

A partir de la Resolución Conjunta N° 1/2018 el INTA forma parte del “Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios” creado por los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable. Este “grupo de trabajo” lo integran también SENASA, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Consejo Federal Agropecuario (CFA) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Luego de varias reuniones redactaron un documento que habla de “políticas públicas”, “recomendaciones”,
“sustentabilidad” y “cuidado del medio ambiente”.

Sin embargo, nada dice el documento de la vasta información científica generada en los últimos años sobre el perjuicio que los agrotóxicos producen en el medio ambiente, en la salud de los animales y por supuesto, en la salud humana. Tampoco se hace mención a los reportes nacionales e internacionales sobre presencia de trazas de plaguicidas (moléculas sintéticas creadas por el hombre para controlar plagas y enfermedades) en los alimentos (verduras, miel, agua, cerveza, vino, etc.) y mucho menos a la percepción negativa de la población a que estas moléculas de plaguicidas sean liberadas al ambiente. No menciona a los trabajadores rurales que mueren envenenados con insecticidas organoclorados y fosforados, ni a sus hijos enfermos por tomar agua contaminada con agroquímicos, de la tierra y los ríos llenos de herbicidas.

También omite la resolución de la OMS y el IARC que declararon al glifosato como probable cancerígeno.

Recientemente, un jurado de California declaró responsable a Monsanto en una demanda presentada por un trabajador jardinero que denunció que los herbicidas a base de glifosato de la compañía, incluido Roundup, le causaron cáncer, y ordenó a la empresa pagarle 289 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, rápidamente el gobierno de Macri y las autoridades de Senasa se apuraron a decir este fallo en EEUU “no cambia en absoluto la etiqueta de inocuo que el Gobierno le asigna al herbicida”.

Con mucho cuidado no habla de “pueblos fumigados” sino que prefiere utilizar términos más asépticos como “zonas de amortiguación” o “zona buffer”. Con nociones amigables como “fitosanitarios” este documento oculta que la utilización en grandes cantidades de productos químicos, prohibidos en los países desarrollados pero permitidos en Argentina, es una práctica corriente en la producción agropecuaria. Sus ideólogos evaden la cuestión de los efectos de mediano y largo plazo de los agrotóxicos, como carcinogénesis, teratogénesis, mutagénesis y disruptores endocrinos, manteniendo una clasificación
toxicológica de bandas mentirosa y poco científica. Tampoco se hace referencia a los productos ya prohibidos que se utilizan de todos modos.

Lo que este “grupo de trabajo” persigue es la fundamentación de una ley que será confeccionada a medida de los intereses de las empresas monopólicas del agro y en contra de la calidad de vida de la población , del derecho a un ambiente saludable y, sobre todo, del derecho fundamental a alimentos libres de moléculas de plaguicidas.

Para los redactores de ese documento no hay otra forma de producción que la simplificada con base química. Mientras que los productores y profesionales vinculados a la producción agropecuaria saben que manejan recursos naturales y procesos biológicos en sus sistemas productivos, para la producción agrotóxica no puede haber otro campo que el terrateniente al servicio de las multinacionales. No nos sorprende de estos ministros que defienden la superexplotación y la expoliación en el agro y que, como Etchevehere, tienen denuncias por trabajo esclavo y reducción a la servidumbre. Pero nos negamos
a que el INTA participe de una farsa que no se orienta a la regulación fitosanitaria sino a dar fuerza de ley a la utilización de sustancias tóxicas y cancerígenas.

UNA COMISIÓN DEFENSORA DE LOS AGROTÓXICOS

En 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos con decreto presidencial 21/2009, con supervisión de Lino Barañao. Bajo el auspicio del CONICET, se dijo que “bajo condiciones de uso responsable (…) el
glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente”. El INTA avaló esta afirmación, utilizando la investidura “científica” para silenciar el grito de las “Madres de Ituzaingó” y barrer bajo la alfombra los miles de casos de cáncer y malformaciones en las zonas periféricas a los cultivos.

Todas estas falacias fueron enfrentadas por investigadores de CONICET, como el Dr. Andrés Carrasco, que investigó sobre el efecto directo de glifosato sobre los mecanismos iniciales de la morfogénesis en embriones de vertebrados, por el médico e investigador Alejandro Oliva que estudió seis pueblos de la Pampa Húmeda encontrando relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a agroquímicos y por investigadores del INTA que colaboraron con estos trabajos, cuestionando la voz oficial.

Existen decenas de grupos de Investigación del INTA que se han expresado sobre el tema como aquellos que han realizado estudios sobre los efectos de los agrotóxicos en distintas publicaciones. Pero estos estudios no pesan a la hora de la participación institucional del INTA en las comisiones multidisciplinarias impulsadas desde los gobiernos.

Fue el mismo Lino Barañao, que hoy dice que usar agrotóxicos es como manejar un auto, el que encabezó la campaña de difamación contra los que alzaron su voz para cuestionar el modelo agropecuario. Luego de que en 2015 la misma OMS dejara en ridículo a los científicos voceros de Monsanto (y que se demostrara que el glifosato es acumulativo y se detectaran niveles preocupantes en el agua y el suelo) tuvieron que perfeccionar el discurso para hablar de “zonas de exclusión”.

Por eso, plantear las “Buenas Prácticas Agrícolas” en la Argentina hoy es lavar la responsabilidad que tienen como científicos acerca de la peligrosidad de los productos que recomiendan. Sin embargo, aceptar que no se trabajó bien en el pasado no debe significar tener una excusa para continuar siendo negligentes con éste tema en el futuro. A su vez, los ingenieros agrónomos, al firmar las recetas sin la eliminación de los productos agrotóxicos, se convierten en cómplices de un verdadero genocidio medioambiental.

NO VAMOS A CALLARNOS

En 2017 el INTA prohibió, en el Centro Regional Buenos Aires Norte, hablar de agrotóxicos. Debemos decir “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”, como si el reemplazo de un término por otro evitara las muertes y el cáncer. Es que
la cúpula del INTA, conformada por las entidades patronales del campo, es y ha sido siempre de posición proempresarial y favorable al agronegocio; una institución que habla de “buenas prácticas” mientras somete a sus trabajadores a la utilización indiscriminada de insecticidas, fungicidas y herbicidas, que no cumple con las normas mínimas de utilización y
conservación de los agroquímicos, cuyas deficiencias en materia de Salud y Seguridad laboral se ha cobrado varias víctimas.
Que persigue a los investigadores que dicen algo distinto, como el intento de censura al libro “Plaguicidas en el ambiente” de Virginia Aparicio, donde da cuenta de distintas investigaciones sobre el tema. Que en Mendoza apartó de su cargo a Laura Costella, jefa de agencia en La Consulta, departamento de San Carlos, por haber participado en calidad de vecina en una de las sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Carlos en las que se trató la posterior prohibición de efectuar fumigaciones aéreas. Recientemente Pablo Titonell fue removido de la Coordinación del Programa Nacional de Recursos
Naturales, por el desarrollo que se estaba llevando a cabo en materia de agroecología en dicho programa.

INTA hoy profundiza la complicidad institucional en el establecimiento de los principios del “grupo de trabajo” y en el armado de una ley tendiente a proteger el negocio agroindustrial.

Es por todo lo anteriormente expuesto, y en nombre de aquellos silenciosos trabajadores del INTA y sus familiares que se vieron perjudicados por efecto de los Agrotóxicos en las distintas experimentales, que manifestamos nuestro total rechazo a que INTA avale el documento del “grupo de trabajo” interministerial porque nos posicionamos desde la defensa de los intereses y la salud de los trabajadores del INTA, de los trabajadores del campo en general y de las poblaciones afectadas.
Sostenemos que no se trata de “buenas prácticas” ni de “concientización”, sino de eliminar del proceso productivo aquellas sustancias químicas que ponen en riesgo la salud humana, animal y la biodiversidad del agua y del suelo. El paquete tecnológico impuesto por Monsanto-Bayer y las trasnacionales del agro, que el documento y el “grupo de trabajo” propone como único horizonte, sólo sirve para garantizar las ganancias de estas y sus empresarios asociados y va en contra de los intereses históricos de los trabajadores.

Como trabajadores de INTA nucleados en ATE queremos un organismo que lejos de tener como único norte maximizar la ganancia de los grandes productores y demás empresarios del campo, ponga el eje en mejorar los procesos productivos priorizando la salud de los trabajadores, del pueblo y el cuidado del medio ambiente.