Mientras el gobierno nacional avanza en las gestiones para iniciar lo antes posible las dos represas que quiere construir sobre el último río glaciar libre del país, el Santa Cruz, ambientalistas de esta provincia presionan para que esta decisión sea repensada por el enorme impacto ambiental que tendrá sobre el río, modificando para siempre ecosistemas sensibles que deben ser protegidos.

El colectivo ambiental “Río Santa Cruz sin Represas” continúa convocando a expertos internacionales para que se sumen a la movida de lograr concientización acerca de lo negativo para el río que significa la construcción de estas dos mega represas. La idea que persiguen es que se revea el impacto ambiental que presentó el gobierno, que consideran insuficiente y mal hecho.

“Creemos posible que el gobierno nacional revea la necesidad de esta obra, pero sabemos que continuarán avanzando, y por eso buscamos la forma de minimizar el impacto y evitar que se haga una obra que pueda afectar el campo de hielo patagónico sur”, comentó a la prensa María Marta Di Paola, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En El Calafate, sede de la movida anti represa, se llevó a cabo el ciclo audiovisual “Debates sobre el río”, que organiza el colectivo ambiental. La propuesta busca generar reflexión y concientización para sumar voluntades que se unan en la necesidad de expresar el rechazo a las obras que afectarán para siempre el río Santa Cruz.

El campo de hielo patagónico austral está en peligro”, advirtió Di Paola al dar a conocer un informe que recibieron del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) y que expusieron en este ciclo Cristian Fernández, representante legal de Banco de Bosques, y el glaciólogo Pedro Skvarca. Las organizaciones ambientalistas citadas junto a Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre,  Flora y Fauna y la Asociación de Abogados Ambientalistas lograron frenar las obras en diciembre de 2016, pero en julio pasado el gobierno nacional logró destrabar este impedimento legal y avanzó con las obras.

Hasta ahora sólo queda la traba de la Corte Suprema que ordenó al gobierno a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, aunque la obra ya está presupuestada para comenzar este año. “Seguimos de cerca a los actores chinos, los bancos que financiarán y la empresa Gezhouba de la UTE Represas Patagonia, y en contacto con la UNESCO, exponiendo las debilidades del estudio de impacto ambiental”, concluyó Di Paola.