La Cámara de Senadores de Entre Ríos, dándole la espalda al pueblo, dio media sanción para la derogación de la Ley de la Madera que fue sancionada en el año 2007 con el consenso de todo el arco social y político provincial. La Ley prohíbe venderle madera a Uruguay para alimentar la pastera finlandesa UPM (Ex Botnia) que está en Fray Bentos.

La noticia fue tomada con mucha preocupación en Gualeguaychú, y fundamentalmente para los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes desde hace diez años vienen sosteniendo una lucha a favor del medio ambiente y en contra de la presencia de la pastera en la orilla del río Uruguay. La planta es responsable de la contaminación del río (se han hallado niveles altos de fósforo) y de los fuertes olores nauseabundos que emanan desde sus chimeneas.

Esta miércoles se trata en la Cámara de Diputados de la provincia la Ley, y si en ésta se confirma lo actuado en Senadores, la Ley quedaría definitivamente derogada, cumpliéndose el deseo del gobierno de Gustavo Bordet. “La ley provincial 9.759 establece la prohibición de exportar rollizos hacia las pasteras de Uruguay, y actualmente no hay productores entrerrianos que estén proveyendo de materia prima a Botnia”, comentó a la prensa el docente y ambientalista Juan Veronesi.

Con la media sanción del Senado, los vecinos de Gualeguaychú se movilizaron, y en las últimas horas instituciones y organizaciones se encolumnaron detrás de  Asamblea Ciudadana Ambiental quienes difundieron una carta en donde les recuerdan a los representantes del pueblo que deben debatir en Diputados que la Ley de la Madera es “el resultado de las extraordinarias luchas de nuestra comunidad en defensa de la naturaleza, la vida y los recursos regionales por la amenaza de enormes celulósicas venidas de otros países, que utilizan procesos industriales que contaminan nuestra naturaleza y afectan nuestra economía”.

La Asamblea también recordó que esta Ley significó además el desarrollo de la industria local que procesa y reutiliza el 100 % de la materia prima forestal. “Si la Ley se deroga, significará que UPM popdrá ingresar a nuestra provincia a comprar troncos para sus plantas industriales, por cada camión de rollizos que salga de Entre Ríos se perderá una puesto de trabajo de un entrerriano”, afirma el documento. En tanto, el abogado de la Asamblea, Andrés Sobredo va más allá y desnuda la intención del gobierno entrerriano: “Después de la Ley de la Madera, se va a derogar la ley que prohíbe la instalación de plantas de celulosa en la Costa del Río Uruguay. Ese el el objetivo final. Es una cachetada a la lucha ambiental