Por Leandro Vesco

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) propuso incluir en el nuevo Código Penal de la Nación, cuya reforma impulsa el gobierno nacional, que se considere como un delito ambiental la interrupción de un río que genere “desertificación”, al considerar que esa conducta provoca “refugiados ambientales”.

La propuesta remite al histórico reclamo que la Provincia de La Pampa tiene con la vecina cuyana, Mendoza, por el uso unilateral del curso de las aguas del Río Atuel, que esta última utiliza sólo para su beneficio.

La historia de esta disputa arranca en el año 1917 cuando el Atuel entraba a La Pampa con tres brazos y varios arroyos secundarios dando fertilidad a una amplia zona pampeana, y también favoreciendo la flora y fauna, además de dar perspectivas de progreso a varios pueblos y parajes.

Ya en aquel entonces se comenzaban a sentir los primeros desajustes del cauce desfavoreciendo siempre a La Pampa, que en 1930 denunció desvíos al Atuel hacia tierras mendocinas y un brazo que penetraba más de 150 kilómetros en el mapa pampeano, desapareció. Lo peor estaba por llegar cuando el Estado Nacional en 1947 habilitó el dique Los Nihuiles, esto provocó una enorme desertificación en La Pampa, ya que Mendoza comenzó a regular el cauce del río por completo y en forma unilateral.

Una superficie de más de 5.000 Km2 se vio afectada, varias especies autóctonas desaparecieron, incluso ocasionó un éxodo poblacional que dejó varios pueblos sin habitantes, en 1950 Perón ordenó una suelta trianual de agua, pero esto jamás sucedió. La sequía en la zona pampeana se estableció como un mal endémico hasta nuestros días.

En 1976 La Pampa llevó su reclamo ante la Corte Suprema, quien determinó que el Atuel era “un río interprovincial”, es decir, que debían intervenir ambas provincias en el uso de su cauce. Este año, la Legislatura mendocina dio de baja un acuerdo que habían firmado en 2008 los gobernadores de ambas provincias junto con Cristina Fernández de Kirchner que comprometía a Mendoza a realizar obras para permitir que La Pampa tenga un cauce mínimo.

La Comisión Coordinadora para el análisis y debate del Anteproyecto del Código de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de esa casa de altos estudios de la provincia ya envió el Informe Final y las Conclusiones -con esta y otras sugerencias- al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Al argumentar sobre la incorporación en el capítulo de delitos ambientales del accionar ilícito vinculado al corte de un río, que ocasiona “verdaderos desastres ambientales”, la UNLPam puso a consideración una “temática de hondo contenido emotivo para todos los pampeanos” como es el corte de río Atuel decidido en forma unilateral por Mendoza y que terminó en una nueva demanda de La Pampa ante la Corte Suprema, que ya lo declaró como “interprovincial”

La propuesta de la UNLPam, además, señala que debería añadirse al Código “una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, que es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas al medio ambiente que menciona el tipo penal agravado”.

El escrito indica que estas medidas –por las mendocinas- “provocan verdaderos desastres humanos y ambientales ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en La Pampa, refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”.

Los ríos no tienen dueño. Por eso la justicia debe esta vez asumir el desafío de favorecer a la naturaleza.