“Hay algunos agroquímicos que cuando se aplican tienen la posibilidad que vuelen y caigan más allá de la zona donde se querían aplicar contaminando jardines, escuelas o el agua”, detalló el senador Alfonso Coll Areco, autor de la iniciativa, y añadió que “la Provincia no tenía una ley que ordenase cómo se aplican estos agroquímicos, cómo proteger ríos, cascos urbanos para que no les pase un avión con un agroquímico”. Consideró que “si hay mucho viento, las gotas del producto vuelan hasta otras zonas y complican”, y manifestó que “las malas prácticas de cualquier productor podrían generar perjuicios en zonas perirubanas”.

El legislador remarcó que el objetivo de la iniciativa es “proteger la salud de las personas que viven en zonas periurbanas sin atentar contra la producción”, por lo que en el proyecto se estableció la prohibición de fumigar “sobre escuelas rurales, sobre lechos de agua con distancia de 30 metros y sobre cascos de zonas periurbanas”.

“Es lo que denominamos ‘zona buffer’ o de amortiguación, o sea la zona contigua a cada poblado, en la que se pueden aplicar productos si las condiciones meteorológicas son favorables. Es decir, que el municipio tenga un inspector que controle cuándo y cómo se va a aplicar el agroquímico”, puntualizó Coll Areco.

La ley crea la figura del asesor agronómico, quien regula la utilización de la receta, da facultad a los municipios para controlar la aplicación de los productos y establece un límite para la aplicación de agroquímicos en zonas adyacentes a cursos de agua, escuelas rurales u cascos urbanos.

En ese sentido, el diputado especificó que “si tenés un campo y querés hacer una aplicación pero estás en una zona periurbana, pedís permiso al municipio. El inspector municipal ve si el viento es el que corresponde y te autoriza. Con eso, protegemos la salud y los cascos urbanos, pero no atentamos contra la producción”.

De esta manera, la zona de exclusión comprende las áreas donde la aplicación estará prohibida mientras que en la buffer será posible aplicar si las condiciones están dadas y con aprobación in situ de un funcionario municipal que autorice la tarea de aplicación.

La iniciativa también regula que las autorizaciones varíen según diferentes factores propios de cada lugar, método y producto: condiciones meteorológicas, aplicación terrestre o aérea, clasificación toxicológica de los tipos de productos según la OMS. Coll Areco precisó que “había que poner un orden porque no hay una ley actualizada, entonces cualquier municipio reglamentaba a antojo sin tener sustento técnico y produciendo ordenanzas sinsentido o disparatadas”.