Tras sobrevolar la finca de Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de varias empresas vinculadas a la familia Macri, Greenpeace detectó que el desmonte continuó a pesar de las resoluciones que semanas atrás emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación y el gobierno de Salta, que le ordenaron frenar las topadoras.

La resolución nacional suspendió los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo que le había otorgado ilegalmente la provincia de Salta, aún así, 300 hectáreas más de bosques nativos fueron desmontadas en los últimos días, las cuales se suman a las más de 6.000 que desmontó en total.

La impunidad con la que actúa Braun Peña es total. Primero consiguió un permiso del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos semanas tanto la Provincia como la Nación le ordenaron frenar las topadoras, sigue arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.

Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.

El gobernador Urtubey debe controlar que ni Braun Peña ni ningún otro empresario sigan deforestando ilegalmente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de su ejecución, Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.

La estancia Cuchuy fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías 1 ( rojo) y 2 (amarillo) que prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría 3 (verde) para poder deforestar 8.962 hectáreas, la superficie de media ciudad de Buenos Aires. Ya lleva desmontadas más de 6.000 hectáreas.

Greenpeace ya había denunciado el caso en 2014 y frenado el desmonte durante un mes hasta que sus activistas fueron detenidos. Desde diciembre pasado las topadoras volvieron a arrasar cerca de 900 hectáreas más de bosques nativos. Braun Peña amenazó a la organización con acciones legales con la pretensión de frenar el reclamo.