El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar a la deforestación ilegal como un delito penal, y que aborde penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.

Se trata de un proyecto que llega tras la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y se ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.

Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión“, informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.

La norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.

En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos“, explicó Moreno.

En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques, por lo cual obligó a Salta a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones.