El Movimiento Campesino Córdoba denunció que el gobierno de Juan Manuel de la Sota autorizó y sigue avanzando el desmonte de alrededor de 6.500 hectáreas protegidas en las zonas de Traslasierra y Villa Quilino, al noroeste de la provincia.

Se trata de las estancias San Tiburcio, Las Puertitas, Los Linderos y La Felicidad, y la Estancia La Margarita, que en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, está ubicada en zona Roja, es decir, que elimina el rolado o desmonte selectivo. Asimismo, sus propietarios aseguran, han sido “beneficiarios de los subsidios para la defensa del bosque”.

En un comunicado, el Movimiento de Campesinos sostuvo que la reciente aprobación se trata de un accionar irregular de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y exigió al gobierno provincial el “cese total de los desmontes hasta tanto haya una convocatoria para discutir, de manera seria y democrática, un nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba”.

En este sentido, el movimiento hizo hincapié en que el Gobierno de la Provincia se comprometió a convocar a los distintos actores a una mesa de diálogo, “una vez asumido el actual gobernador electo, con el objetivo de rediscutir el ordenamiento territorial de la provincia, asumiendo las evidentes falencias técnicas y políticas del plan actual (convocatoria que debería haberse realizado en el mes de agostos del presente año)”.

Por otra parte, advirtieron que la eliminación del desmonte selectivo fue una de las condiciones que le permitió a la Provincia de Córdoba adecuarse a la Ley nacional de Bosques y recibir 13.000.000 pesos correspondientes al subsidio de defensa del bosque.

“Que devuelvan el subsidio que recibieron por la Ley de Bosques por cuidar el bosque y al Gobierno provincial ser parte de la construcción y ejecución de un verdadero Plan de Desarrollo para el Noroeste Cordobés”, exigieron desde el organismo.

Según publicó Cba24n, uno de los casos denunciados se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní, departamento de Pocho. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo y, actualmente, una empresa porteña se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Además, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambienta