Sucedió a principio de este año y nuevamente volvió a pasar: la comunidad indígena “Guaycurú” fue atacada por fuerzas armadas quienes pretenden desalojarlos de sus tierras para desmontar y plantar soja. El Mocase-Via Campesina denunció que hubo balazos, incendio de ranchos, animales muertos y lo que es peor: los bandidos tiraron veneno en el agua del único pozo que abastece a la comunidad. Sucedió en el Paraje Bajo Hondo, estaría vinculado uno de los propietarios de la gaseosa Manaos.

Fue un ataque imprevisto, pero que los habitantes de esta comunidad ya están tristemente acostumbrados. 15 personas entraron en el caserio “dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y deben operarlo para extraer la bala. Después de prender fuego a los ranchos, la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a 14; pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y envenenaron nuevamente el agua; e incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo”, relató Ángel Strapassón, miembro de Mocase-Vía Campesina.

“La banda armada con rifles y pistolas empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad” El hecho, de una impensable violencia, tiene como fin amedrentar a las 60 familias que viven en esta tierra para que la desalojen para así dejar el lugar libre para que las maquinas arrasen con el bosque nativo.

Hace diez años que las comunidades originarias vienen luchando para poder quedarse en sus tierras, de las cuales son sus legítimos dueños. La agrupación campesina denuncia que uno de los dueños de la empresa de gaseosa Manaos, Orlando Canido está detrás de estos ataques, ya que quiere adueñarse de estas tierras para volverlas productivas plantando soja. 60 familias son el obstáculo para que este oscuro personaje logre su objetivo.

Strapassón denuncia “un nivel de impunidad inadmisible, ya que varias veces se presentaron en el campo con intenciones de adueñarse de las tierras. Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre, y los jueces jamás actuaron”. A casi 300 kilómetros de la capital de la provincia, en el paraje la Ley se ejerce con las balas y con la corrupción. “El nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesina”, afirmó el dirigente de Mocase-V.C.

Las denuncias y los hechos viralizados por las redes sociales han tenido que, al menos por compromiso, mover a un juez, en este caso fue el Dr. Dario Alarcón, del juzgado de Instrucción en los Criminal y Correccional quien el domingo confirmó la denuncia y mandó a realizar distintos procedimientos para identificar y detener a los atacantes. A principio de este año y en reiteradas veces en estos últimos meses, estos hechos sucedieron con el mismo fin: las denuncias quedan encajonadas, mientras tanto, 60 familias que viven allí desde hace tanto tiempo deben terminar sus días con miedo, desconociendo si al otro día estarán allí.