El 9 de marzo pasado, la provincia de Tierra del Fuego suscribió un convenio de cooperación con la Innovation Norway, la agencia de negocios del gobierno noruego que se comprometió a aportar 95 mil dólares, recursos de movilidad y personal para estudiar la factibilidad de instalar salmoneras en “siete u ocho” puntos de la costa fueguina.

Los principales biólogos, expertos científicos y ambientalistas de la provincia aseguran que el proyecto debería ser desestimado por los “riesgos graves” que implica para el ecosistema del Beagle y para la actividad turística.

Uno de los desencadenantes de las críticas es el incidente ocurrido en julio pasado en la isla Huar (Chile) donde unos 900 mil salmones se escaparon de un criadero de la empresa noruega Marine Harvest, lo cual podría implicar un desastre ambiental.

“Una vez escapados, estos peces compiten con las especies nativas y se alimentan de ellas, diseminando, además, un cúmulo de enfermedades. Esto representaría la introducción de una especie exótica en el Canal Beagle, porque los salmones que hay son escasos y probablemente producto de escapes en Chile”, explicó a Télam Adrián Schiavini, doctor en Ciencias Biológicas e investigador principal del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) con sede en Ushuaia.

Según Schiavini, otro problema son los lobos marinos: “una jaula de red, colgada en el mar, llena de salmones, es como poner un tarro repleto de caramelos en la puerta de un colegio, para que los chicos se sirvan. Para los lobos, los salmones gratis se obtienen empujando y rompiendo las redes”, detalló el experto.

En Chile, la industria salmonera probó desde “disparos de salva” hasta desplegar “modelos inflables de orcas” para disuadir a los lobos, aunque en muchos casos terminaron “matando lobos a balazos, palazos o hachazos”, reveló el especialista.

Por su parte Gustavo Lovrich, doctor en Biología e investigador principal del Cadic, opinó que “el principal problema” de la instalación de salmoneras es “la producción continua de materia orgánica, y de desechos nitrogenados y fósforo que actúan como fertilizantes. Esa materia cae al fondo que empieza a perder oxígeno cuando los sedimentos son procesados por las bacterias”.

Los fertilizantes pueden favorecer el crecimiento de algas que, adheridas a los moluscos, generan la “marea roja” que los tornan peligrosos para la ingesta humana, precisó.

Además, en la cría de salmones en cautiverio se utilizan antibióticos para curar enfermedades que detienen el crecimiento de los peces, y “ello también tiene consecuencias porque esa sustancia permanece en el ambiente o en los salmones, generando problemas en la exportación de los animales a mercados exigentes”, remarcó Lovrich.

Para Mariano Diez, otro investigador del Cadic-Conicet, “resulta imposible la convivencia entre el turismo natural y el cultivo de especies exóticas. Son incompatibles. Más aún cuando existe evidencia científica de lo ocurrido en los fiordos chilenos”, afirmó a Télam.

Lovrich coincide con esa lectura: “No tiene sentido poner fábricas en el camino de los grandes buques turísticos. Piensen que los visitantes vienen al Canal Beagle a disfrutar el mismo paisaje que observó Charles Darwin en 1828”.

El ex secretario de Turismo de Ushuaia y actual presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, se preguntó si el gobierno provincial “ha medido las consecuencias de las salmoneras sobre la pesca artesanal, y en especial sobre los productos gastronómicos ya impuestos en el sector turístico, como la centolla, el róbalo o los mejillones”.

En cambio, desde el gobierno fueguino, el secretario de Agroindustria y Pesca, Kevin Colli, pidió “calma”, y recordó que la realización de los estudios “no implican la aceptación de ninguna concesión de los recursos naturales, sino la elaboración de herramientas con las que luego se tomarán las decisiones correspondientes”.

Los científicos y ambientalistas fueguinos no están de acuerdo con que las salmoneras sean parte de esa reconversión: aseguran que la actividad genera “pocos puestos de trabajo” y acusan al gobierno de “no informar a la población sobre los riesgos ambientales”.