Según consta en el expediente judicial, entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 “se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada (…) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal“.

En mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.

En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.

La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jáchal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico“, señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.

Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con “negligencia o impericia”, además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial. A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.

Abalay primero, y el juez Quiroga después, aceptaron el pedido de “probation” que formularon los imputados y se dispuso que realizaran “aportes simbólicos” de dinero al Hospital de Jáchal y tareas comunitarias. Además, casi todos siguen trabajando en la mina, incluso con promociones en su empleo. Es decir que ningún empleado de la empresa está procesado.

Por su parte, la empresa Barrick pagó una multa de 145.696.000 pesos por el derrame, y otros 104 millones de pesos por los dos incidentes registrados en septiembre de 2016 y marzo de 2017, cuyas actuaciones penales fueron cerradas por “inexistencia de delito”.

A cuatro años del derrame, las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio:”Actualmente se realizan mediciones mensuales del agua del río Jachal. En más de diez ocasiones encontramos altos niveles de mercurio, el último fue en febrero pasado, y si bien en el casco céntrico de Jachal no consumimos agua proveniente de este río, el resto de la población rural sí, y sabemos que hay niveles altos de contaminación“, concluyó Jofré.

Jáchal es una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia. Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jáchal no se Toca, es uno de los vecinos que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir “que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo“. Y recordó a Télam: “Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio. Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.”