En Catamarca el lobby minero presiona a través de la dirigencia política para que se apruebe la Ley de Coherencia Minera, que establece que aquellos municipios, como Andalgalá que votaron en contra de la minera no reciban las regalías de la explotación minera,  y que ese dinero –una cifra millonaria para un municipio- se redistribuya en los demás pueblos del Distrito. Ningún político quiera desprenderse de ese botín. Las comunidades originarias se oponen a la actividad minera.

“Coherencia minera” es una ley que tiene importantes puntos a favor del medio ambiente y como su nombre lo dice, establece una coherencia: si un Municipio prohibió la actividad minera, no puede tener beneficios de ella, pero esconde en el fondo una jugosa suma de dinero que ninguna intendencia quiere perderse. Desde el año 2011 al 2015, por ejemplo, a Andalgalá le entraron 90 millones de pesos por regalías mineras. Si se aprueba esta Ley, a pesar de que la actividad minera está prohíbida en la localidad, en el caso de que en el futuro se instale una minera, no podrá cobrar los beneficios de esa explotación.

La comunidad Dieguita de Andalgalá emitió un comunicado para sentar posición: “No aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto que pone en riesgo la salud y el medioambiente de todo el departamento y la provincia por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas.” Critican la permanente presión de las mineras que instalan proyectos de ley o debates dentro de la comunidad para dividirla.

Ediles del Concejo Deliberante, a raíz de la discusión que se generó por la Ley de “Coherencia Minera”, pidieron explicaciones al Intendente de Andalgalá para que muestre en qué gastó los 90 millones de pesos que le entraron de regalías cuando la actividad no estaba prohibida. La minera es una industria que contamina no sólo a la naturaleza, sino también a las actividades humanas. No hay nada positivo en el extractivismo.

Los Dieguitas, en su comunicado, exigen “una explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera” y la consulta obligada a los pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas

El pueblo de Andalgalá sabe muy bien las consecuencias de la explotación minera, la mina Bajo La Alumbrera contaminó ríos y arroyos de la región. No conformes con promover la ley de “Coherencia Minera”, que castiga económicamente a los municipios que se oponen a la actividad extractivista, desde Yamana Gold le comunicaron a la gobernadora Lucía Corpacci –defensora de la minería- que harán una presentación judicial para que se declare incostitucional la ordenanza que prohíbe la minera en Andalgalá.