Aseguran que se trata de tierras pertenecientes a comunidades indígenas kollas del lugar y piden la inmediata intervención por parte de las autoridades provinciales y nacionales, por lo que consideran un “atropello” a sus derechos territoriales.

“Hace un par de días dimos con la publicación que hace la inmobiliaria Re/Max respecto a que se vendía espacio físico de las comunidades en Huacalera, por 15 millones de dólares”, denunció en dialogo con Télam Nepomuseno Valdiviezo, presidente de la Comunidad Aborigen El Molino, de Huacalera.

De la venta de la fracción de más de 18 mil hectáreas tomaron conocimiento a través de una publicación realizada en la página de la inmobiliaria, de la cual se tomó captura y se viralizó en redes sociales para dar a conocer el conflicto.

En torno a la fracción en venta, “casi un cerro entero”, las comunidades afectadas cuentan con “los relevamientos territoriales y las carpetas técnicas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (AI) que los avala a ocupar los terrenos”, agregó.

Finalmente, al pedir la intervención de autoridades provinciales y nacionales, reprochó que a poco de iniciado el reclamo de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, autoridades policiales ya los intimaron a que desistan de manifestarse sobre la ruta. “Obran con rapidez contra nosotros cuando nuestros representados violan ley, pero no hacen respetar los derechos que tenemos nosotros como pueblos originarios”, sostuvo Valdiviezo al respecto.

La manifestación, convocada con carácter informativo, se concretaba sobre la ruta 9 a la altura del monolito dedicado al Trópico de Capricornio, poco antes de llegar al pueblo de Huacalera, localizado a unos 100 kilómetros al norte de la capital provincial.

Entre las comunidades denunciantes se encuentran Angosto El Perchel, Villa El Perchel, Quitacara, La Huerta y Villa Las Rosas, El Molino, Angosto de Yacoraite y Yacoraite, que exigen la intervención del gobernador Gerardo Morales; de la Secretaria provincial de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz y representantes del AI.

Piden el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de toda la legislación concordante provincial, nacional e internacional que los ampara y reclaman la inmediata entrega de los títulos correspondientes en cumplimiento de sus derechos territoriales.