Por primera vez  en el país se dicta una condena por desmontes ilegales, dado que la figura no se encuentra prevista en la Código Penal Argentino. La justicia salteña condenó al empresario Juan José Karlen por desobedecer la orden de frenar el desmonte ilegal que estaba realizando en una finca ubicada a 30 kilómetros de la localidad de Dragones (departamento San Martín) y seguir cultivando 10 mil hectáreas.

Greenpeace denunció el caso en 2013 en el informe “Salta, el Festival de desmontes no se detiene“. La ONG menciona al desmonte, donde se encontraron a 157 trabajadores no declarados, entre los que también había menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda.

El empresario Juan José Karlen rompió fajas de clausura y siguió cultivando unas 10 mil hectáreas a las que había desmontado sin permiso en la localidad de Dragones, en el noreste provincial. Fue condenado a seis meses de prisión. Una investigación de la AFIP en abril del 2013 detectó la presencia de unos “157 empleados no declarados, entre los que había menores, que eran sometidos a condiciones infrahumanas” de trabajo y vivienda en los campos de Karlen, que sumaban 16.600 hectáreas y que el año anterior habían generado ventas, según lo declarado, por 70 millones de pesos.

Luego de la denuncia del organismo de control tributario, la Secretaría de Ambiente de la provincia descubrió que el imputado no tenía permisos para desmontar, por lo que ordenó el cese de las actividades y clausuró con fajas el predio, aunque el empresario luego las rompió y siguió produciendo como si no tuviera ningún impedimento legal.

Ante otra denuncia de Ambiente, la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó el 2 de octubre pasado a Karlen a la pena de seis meses de prisión condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia a la autoridad”.

Agregó que además el empresario debe durante dos años cumplir con las siguientes “reglas de conducta”: constituir domicilio, someterse al cuidado del patronato de liberados, evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas.

Por su parte, Noemí Cruz de Greenpeace, organización ecologista que realiza un permanente seguimiento del cumplimiento de la ley de Bosques, consideró “muy preocupante que, sin que ninguna autoridad provincial lo note, durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas que es casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

En cuanto al fallo de la jueza por desobediencia a la autoridad, opinó que “es un paso alentador, aunque la condena parezca leve sienta un precedente. Pero falta: la provincia deberá asegurar la recomposición ambiental tal como lo establece la Ley de bosques“.