Después de veinte años de estar contaminado el medio ambiente y a un año de su cierre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la suspensión de todas las actividades en las minas Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno, ubicadas en Andalgalá (Catamarca), hasta tanto no realicen un estudio de impacto ambiental para que se pueda medir el grado de contaminación que han producido en el medio ambiente.

La Justicia también le exige a Minera Alumbrera Limited e YMAD, a cargo de ambos proyectos mineros que contrate un seguro para que esté cubierta la financiación para garantizar la remediación ante el posible daño ambiental que ha producido luego de estar explotando las minas durante dos décadas.

Bajo La Alumbrera comenzó a operar en el año 1997, dos años después se descubrieron los primeros indicios de contaminación. Un investigador del Instituto Miguel Lillo de Tucumán denunció “la presunta contaminación detectada en la localidad de Ranchillos, ubicada en el este tucumano, como consecuencia del vertido de efluentes provenientes de la planta de secado de la empresa” Las aguas analizadas dieron resultados contundentes: la mina estaba produciendo “contaminación con cobre y cromo cien y diez veces por sobre lo autorizado por la ley nacional” Más recientemente, en agosto de 2013, el Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), quien trabaja junto a la Universidad de Buenos Aires y el CONICET hicieron público un informe que mostraba que había rastros de cobre en el Canal DP2 en la provincia de Tucumán, cuya desembocadura se da en el río Salí Dulce, el análisis determinó que “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”. La empresa jamás tuvo el menor interés en mejorar su circuito de deshecho de efluentes y durante todo este tiempo trabajó bajo la protección de los gobiernos provincial y nacional.

La empresa Minera Alumbrera Limited e YMAD lejos de preocuparse, aseguró que cerrará las mina el año entrate. En dos décadas ya ha ganado suficiente dinero, agotando el yacimiento. Como suele suceder con la industria minera, la contaminación y la desocupación son los denominadores comunes que quedan en la provincia donde se asienta. La provincia de Catamarca, antes de trabajar para remediar el deterioro ambiental que produjo la empresa, está preocupada porque con la suspensión dejará de recibir $120 millones en concepto de regalías. Esto es lo que cuesta producir contaminación.

El gobierno nacional, quien le quitó las retenciones a la industria minera, con la suspensión y cierre de Bajo La Alumbrera no cobrará los 1200 millones de pesos anuales que dejaba Bajo La Alumbrera, que es lo único que sopesa en términos reales. Sobre cómo se hará para remediar el daño ambiental en el Río Ranchillos o en el Salí Dulce, o en los de Aconquija, nadie se ha expresado. La mina el año que viene dejará de ser productiva, el yacimiento se habrá agotado: atrás quedarán dos mil empleados sin trabajo y la contaminación de gran parte de los ríos de la región.