El caso del barrio Ituzaingó, ciudad de Córdoba, donde se realizaban fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos, se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental.

A cinco años de aquel fallo inédito, el pasado martes 12, la Corte Suprema de la Nación ratificó la condena a tres años de prisión condicional al agricultor Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello, acusados por “contaminación ambiental dolosa”.

La Corte declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por los abogados defensores de los condenados. De este modo quedó firme la sentencia de la Cámara Primera del Crimen que condenó a los imputados a la pena de prisión en suspenso de 3 años en el marco de la denominada causa Barrio Ituzaingó Anexo.

Tanto Parra como Pancello deberán cumplir la pena que además incluye la inhabilitación de 8 y 10 años respectivamente para realizar aplicaciones de agroquímicos en campos. Ninguno de los dos irá a prisión, pero deberán cumplir tareas comunitarias de 10 horas semanales, durante cuatro años, para el Estado o en instituciones de bien público relacionadas con el ambiente y la salud, según indicó La Voz.

Las denuncias tomadas en cuenta por los tribunales incluyeron un estudio oficial que había determinado sobre 142 niños del barrio la presencia de agrotóxicos en 114 de ellos. 

En diálogo con La Nueva Mañana, el médico Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Reduas (Red Universitaria de Ambiente y Salud) señaló que “este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un triunfo total para los vecinos de barrio Ituzaingó y para la lucha contra los agrotóxicos y la fumigación en zonas residenciales. Es delito fumigar sobre las personas y los agrotóxicos son sustancias peligrosas“.

El médico explica que esto deja jurisprudencia consolidada por la propia CSJN. “A partir de ahora, cualquier vecino que se sienta vulnerado, afectado, violentado en su derecho a la salud por las prácticas de fumigaciones que se practiquen en cercanías a su vivienda, podrá acudir directamente a la fiscalía de turno y formular la correspondiente denuncia penal en los términos de la ley 24.051 tal como ocurrió en este caso. Solo bastará con tomar fotos o videos que muestren las fumigaciones, algunos testigos, y si hay algún miembro afectado en su salud sería conveniente que visitara al medico y que este diere una constancia o certificado de haber atendido a la paciente en el día de la fecha”.

Ituzaingó no es el único lugar donde las fumigaciones con estos venenos afecta la salud de la gente, es una problemática de muchos pueblos del país,  los llamados “pueblos fumigados”, donde abundan los problemas respiratorios, neurológicos, alergias, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y cáncer, entre otras enfermedades.