La anunciada ley que impondrá restricciones a la venta de tierras a empresas o particulares extranjeros, también conocida como Proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras, es un instrumento de política que marca una fuerte definición por parte del actual Gobierno. En pocos temas, como en éste, se hace necesario tomar posiciones muy definidas para marcar qué tipo de desarrollo necesita y requiere un país eminentemente agrícola como la Argentina.

Anuncio. El miércoles 27 de abril, Cristina Fernández de Kirchner se paró frente al púlpito del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, para anunciar, por cadena nacional, el envío del proyecto al Congreso de la Nación. El cumplimiento de una promesa que había formulado públicamente durante el acto de apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo pasado.
En un país cuya principal fuente de ingresos es la producción de agroalimentos, en el que la tierra es el recurso estratégico por excelencia, la medida es celebrada por la inmensa mayoría de los pequeños productores rurales del país. No en vano instituciones como la centenaria Federación Agraria Argentina reclaman, casi desde sus días fundacionales, la aprobación de una ley de este tipo.
Se calcula que en la Argentina hay siete millones de hectáreas en manos extranjeras. Sin embargo, la nueva ley pretende proteger más de 200 millones de hectáreas que aún son patrimonio del país, en un escenario donde el recurso tierra se hace de importancia capital para la economía local.
La falta de restricciones a la comercialización de grandes porciones de territorio fue garantizada por la propia Constitución Nacional de 1853, que pone en pie de igualdad a los compradores de tierras de otras partes del mundo respecto de los nacionales. Acaso para cumplir el espíritu de la frase contenida en el Preámbulo, que reza: “…y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino”.
Ese principio, que sirvió para poblar a un país virgen y en construcción, en la segunda mitad del siglo XIX, ya no se compadece de los intereses actuales de una Argentina que quiere, a principios del XXI, preservar sus recursos básicos para los propios.

Limites. Sin embargo, en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, se firmó un Tratado de Protección de Inversiones Bilaterales, en el que el Estado Nacional se comprometió a garantizar a los extranjeros un trato igualitario y a proteger, de manera incondicional, sus inversiones.
Tanto la vetusta letra constitucional como el citado tratado menemista, ambos en vigor, por mucho tiempo han limitado al Estado en su posibilidad de prohibir la enajenación de tierras en beneficio de compradores del exterior.
De una manera novedosa, el proyecto de ley que la Presidenta envió al Congreso argumenta que en lo sucesivo la compra de tierras no será considerada como inversión, porque la tierra por sí misma es incapaz de generar riquezas. Y la define, además, como un recurso estratégico que debe ser preservado por el Estado, para las futuras generaciones de argentinos.
Esta interpretación, elaborada por un equipo de coordinación y reflexión que trabajó en el tema desde principios de la gestión del ministro Julián Domínguez, ya fue expuesta en seminarios internacionales y tomada por países como Ecuador para fijar sus propias normativas. El criterio ganó también el favor de las naciones que integran el Unasur, que pronto incluirán en sus respectivas legislaciones normas que observan este mismo principio.

Proyecto. Pero, ¿qué anunció la Presidenta? Una de las ideas base de su discurso fue que la nueva norma no buscará estatizar las tierras, ni tampoco restringir su adquisición en pequeñas porciones por parte de compradores extranjeros, pero sí limitar la apropiación de grandes cantidades de territorio por parte de intereses del exterior. Para eso, la nueva norma incluirá la creación de un Registro Unico de Tierras Nacionales, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia.
De paso, Cristina Fernández de Kirchner aclaró que la nueva normativa no afectará los derechos adquiridos de los extranjeros que ya poseen grandes extensiones de tierras, por lo cual respiran tranquilos multimillonarios como Luciano Benetton, Ted Turner, Douglas Tompkins y Joe Lewis, todos latifundistas globales de buena relación con el Gobierno Nacional y propietarios de amplias porciones de tierras en territorio nacional, particularmente en la Patagonia y, en el caso de Tompkins, también en los Esteros del Iberá, que ya ha merecido una recordada nota de tapa en El Federal el 1/11/07.
En su excelente investigación La Patagonia Vendida – Los nuevos dueños de la tierra, el periodista Gonzalo Sánchez va al fondo con el tema y concluye que: “Los dueños de la Patagonia descubrieron en la Patagonia el lugar donde se reúnen todos, un país prohibido para la mayoría de los argentinos, pero también vendido por argentinos en la totalidad de los casos. Un barrio privado, alambrado con el horizonte y con las montañas.” Precisamente, a esa demanda social argentina de recuperar lo propio, apunta el proyecto que será tratado este año en el Parlamento.
Aliados. La idea de poner límites a la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros preocupó siempre, y ha sido una bandera histórica, de la Federación Agraria. Por eso no sorprende que este proyecto prospere en un contexto donde, dentro de la estrategia oficial para romper la Mesa de Enlace, se está produciendo un notable acercamiento del gobierno hacia los federados y Coninagro, oficiado por el propio ministro Domínguez.
La ofensiva kirchnerista, que también incluye el lanzamiento de una “corriente agraria” del Frente Para la Victoria (“CANPO”), apunta a recuperar posiciones en los sectores rurales que perdieron afinidad con el Gobierno a partir de la polémica Resolución 125 de retenciones móviles.
Copyright. Sin medias tintas, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó que el planteo de una ley que limite la extranjerización de tierras “es una conquista de la Federación Agraria, porque fuimos los primeros en instalar este tema en la agenda pública”. El dirigente denunció la concentración actual de la tierra en pocas manos. En la última década, miles de pequeños productores rurales -incluidos agricultores, criadores y tamberos- debieron malvender sus tierras a pooles de siembra y a grandes cerealeras extranjeras, porque las políticas hacia el sector rural los terminaron dejando fuera de juego.
Dijo Buzzi a El Federal: “Esta situación no se puede revertir sólo con una ley. Hay que complementarla con una moderna ley de arrendamientos, el freno a los desalojos y otro esquema para el comercio de granos, entre otras medidas.”
Según pudo saber esta revista, en el Ministerio de Agricultura los equipos técnicos estarían trabajando, precisamente, sobre la resolución de esta segunda línea de demandas.
Pero no todos los dirigentes rurales están satisfechos con la idea de limitar el avance extranjero sobre tierras rurales. El verborrágico titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Biolcati, habría asegurado recientemente, en un mitín que se desarrolló en el interior bonaerense, que “si seguimos así, pronto veremos flameando en nuestros campos a sucios trapos rojos en lugar de la Bandera Argentina.”

Equipo. ¿Cómo se elaboró el proyecto de ley oficial? De acuerdo con las explicaciones dadas tanto por Cristina como por Domínguez, la normativa forma parte del trabajo realizado por un equipo de coordinación y trabajo, de carácter multidisciplinario, que el ministro formó al inicio de su administración, allá por octubre de 2009, cuando se creó el Ministerio de Agricultura.
Domínguez puso a un colaborador histórico suyo, Julio Vitale (como su jefe, también oriundo de Chacabuco), a coordinar el trabajo de un heterogéneo grupo de profesionales técnicos de diferentes instituciones, entre ellas el INTA, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, etcétera, que aportaron diferentes miradas a la problemática de la propiedad de la tierra rural y elaboraron el proyecto de ley que se envió al Congreso.
También fueron consultados el geógrafo Adolfo Koutoudjian, gerente técnico del Ceamse; el constitucionalista Eduardo Barcesat; y el actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, Lorenzo Basso, entre otros funcionarios y profesionales calificados.
Un personaje clave de la comisión que trabajó en la ley fue el abogado Aldo Casella, de Reconquista, Santa Fe. Resulta que el titular de cátedra y especialista en Derecho Agrario también es uno de los principales consejeros de la Federación Agraria, y para muchos sería el “eslabón perdido” entre la iniciativa oficial y el reclamo histórico de los federados. De allí se explican muchas similitudes entre el proyecto kirchnerista y el que la propia Federación presentó en 2002.
Sin embargo, uno de los miembros de la mesa de trabajo oficial explicó a El Federal que el proyecto que propone la FAA está inspirado casi exclusivamente en la normativa brasileña, mientras que la comisión del gobierno trabajó sobre los temas de preservación de los recursos, manejo sustentable del suelo, desertificación, ecología, etcétera, en base a la legislación disponible en el país carioca, pero también en Canadá, en Estados Unidos, y en todos los proyectos que ya se habían presentado en el Congreso Nacional, entre ellos uno que fue promovido por la Coalición Cívica.
Contra todo vedetismo, la Argentina pronto tendrá una ley de tierras que le permitirá proteger su soberanía frente a la transnacionalización de la economía. No es poca cosa.