La ley 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura porteña, y se modificó la 1.850 de “Basura Cero” para autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía, con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos destinados a disposición final en rellenos sanitarios.

Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires los hornos incineradores de basura estuvieron activos hasta la década del 70, y que la gran contaminación que generaban obligó a cerrarlos.

El pasado viernes, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori declaró inconstitucional la ley 5.966 y exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a extremar cuidados en la evaluación de proyectos o tecnologías que pudieran generar daño al ambiente y a la salud en sentido integral.

La norma local viola la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que establece que “ningún órgano del Gobierno puede conferir excepciones al procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública en materia ambiental” y que prevé que, “si lo hiciera, éstas son nulas”.

La sentencia, de un centenar de carillas, destacó que la ley fue sancionada “sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura y consecuente Audiencia Pública”. La magistrada consideró que el GCBA no tuvo en cuenta los presupuestos mínimos contenidos en las leyes General del Ambiente y la Nacional de Residuos Domiciliarios.

Liberatori recordó que estas leyes autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida como el reciclaje en todas sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización, pero no mencionan ni permiten la termovalorización (recuperación de energía) de basura.

La acción de “amparo colectivo ambiental” que motivó la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 5.966 fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, las cooperativas de trabajo El Ceibo, El Álamo, Las Madreselvas, de Reciclado Trabajo y Dignidad y del Sur. También integraron la lista de demandantes el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina.