La Jueza Rosa Falco ordenó al dueño de la empresa de Gaseosas Manaos, Orlando Canido que no puede acercarse a 500 metros de las viviendas y lugares de trabajo de la comunidad Guaycurú Cachi de Bajo Hondo (Santiago del Estero). El empresario desmontó 500 hectáreas de bosque en tierras ancestrales y desde comienzos de año intentó desalojar por la fuerza a las 60 familias que viven allí.

“Esta es la primera respuesta judicial efectiva durante este largo año de ataques periódicos y violentos, y en la misma se reconoce en este conflicto territorial a la comunidad como poseedora ancestral”, declaró a la prensa la Dra. Natalia Gramajo, del equipo de abogados del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), quienes representan a las familias atacadas.

La cronología de los hechos comienza en julio cuando por primera vez se produjeron hechos de violencia. Un grupo armado liderado por Ledislao Letonia y Adrián Corico intentaron desalojar por la fuerza a las familias. Luego en septiembre se produce el mismo hecho, pero con mayor violencia, ya que incendiaron casas, algunos de los pocos vehículos que tiene la comunidad, pisotearon sus cultivos y envenenaron el único pozo de agua.

En ese momento se producen las denuncias contra los matones que respondían al empresario Orlando Canido y la jueza María Martinez Llanos ordena restituir las tierras a la comunidad, pero olvida identificar y desarmar a la banda, en un claro hecho de connivencia entre el dueño de Manaos y la justicia chaqueña.

A partir del último hecho de violencia, la acción de los abogados del Movimiento Campesino se intensificó, pero siempre se tropezó con algún obstáculo para llegar al empresario. La ONG Greenpeace se hizo eco de este atropello humanitario y territorial y en una acción directa le llevó a la puerta de su planta un pedazo de bosque nativo que desmontó. El proyecto de Canido es pasar por encima de las 60 familias y desmontar 4000 hectáreas para llevar a cabo un emprendimiento agrícola. Las tierras donde quiere llevar adelante su negocio es un territorio ancestral de la comunidad Guaycurú.

La abogada del Mocase-VC, entiende que es una buena noticia que se halla fijado una orden perimetral contra Canido, aunque lo que más importa es que la justicia falle por los hechos de violencia, la causa penal –a cargo del Juez Darío Alarcón- no se mueve “aún no existe resolución ni medida alguna, más que el secuestro de dos camionetas. Pese a que hemos presentado pruebas” el juez ha parado esta causa.