La organización ambientalista Greenpeace denunció que el gobierno de Salta, en colaboración con los grandes productores de la provincia, buscan legalizar desmontes, a pesar de que gran parte de las tierras que se quieren arrasar con las topadoras están protegidas por la Ley de Bosques.

“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La denuncia que hace Greenpeace hace referencia a un acta que firmaron la semana pasada el gobierno salteño  y la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas. Este acuerdo establece que estas organizaciones tienen que “evaluar y verificar” en un plazo de 30 días la ejecución de 32 permisos de desmontes, que fueron otorgados por la provincia y luego suspendidos por la Nación. Esta norma da vía libre para que las máquinas topadoras talen loa bosques nativos.

En síntesis, lo que el gobierno salteño pretende es legalizar el desmonte. Greenpeace comunica que estos desmontes son ilegales, por cuenta el Ministerio de Ambiente de la Nación, así lo consideró en el Resolución 56/2018. Lás áreas que se quieren desforestar están protegidas, e instó a la provincia a suspenderlos.

A pesar de esto, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos en la zona, Greepeace pudo comprobar que los productores continúan desforestando, arrasando el boques nativo en las Estancias Cuchuy, Los Pozos y La Pelegrina. Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo de Marcos Peña), Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín, respectivamente.

“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, sostuvo Giardini. Entre las 32 fincas que el gobierno salteño pretende desforestar se encuentran los propietarios de la Estancia La Moraleja, que desmontaron 3.000 hectáreas y donde se cultivan limones que son vendidos a The Coca Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área talada.