Tres entidades que luchan por la conservación de los recursos naturales se unieron para redactar una carta conjunta y enviarla a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La génesis de la denuncia empezó aquí: desde la sanción de la normativa forestal nacional, la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).

“En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)”, denuncian los ambientalistas. De esta manera, dicen, en Salta se autorizan grandes desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo (donde está expresamente prohibido hacerlo).

 “También resulta preocupante la situación en Neuquén, donde el municipio de Villa La Angostura propuso al Poder Ejecutivo provincial modificar la zonificación originalmente establecida en el OTBN y pasar de 2.000 a más de 5.000 las hectáreas donde se permite deforestar (cambiando a la Categoría III – verde- y a blanco, o sea sin bosques, vastas zonas forestales que estaban originalmente clasificadas en la Categoría III –amarillo-).
 
De aprobarse esta nueva zonificación se dejarían desprotegidos al 80 por ciento de los bosques de la zona, lo que facilitaría el desmonte de grandes extensiones para el desarrollo de inmensos proyectos inmobiliarios que son rechazados por la mayoría de la comunidad.
 
Cabe recordar que la zonificación vigente de bosques nativos dentro de los ejidos municipales de Neuquén fue elaborada bajo los criterios de la Ley Nacional, puesta en discusión en talleres abiertos a la comunidad, e incluida en el OTBN, aprobado por unanimidad por la legislatura provincial en noviembre de 2011.
 
La aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional.