El reciente desalojo de integrantes de comunidades originarias para el reintegro provisorio de una finca en Tartagal fue criticado mediante un comunicado conjunto del Inadi, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que cuestionaron el accionar de la justicia en el caso.
“Estamos trabajando para que se garanticen los derechos de las comunidades y de la normativa vigente”, afirmaron y reclamaron a las autoridades provinciales y municipales la actuación “de manera urgente” para “garantizar el derecho al territorio, el acceso a la justicia y el pleno goce a sus derechos básicos para la subsistencia como agua, alimentos y vivienda”.
 
El desalojo motivó que haya 30 familias -unas 100 personas- “apostadas a la vera de la ruta, en condiciones extremadamente precarias, significando un atropello a sus necesidades básicas”, advirtieron.  La medida, expusieron, causó además “la pérdida de documentos de identidad y objetos personales” a los aborígenes expulsados de su territorio, que quedaron “en una situación de alta vulnerabilidad social”.
Los estamentos estatales manifestaron también su “disgusto” con el accionar de la Justicia y del Ministerio Público de Salta en Tartagal, respecto de la resolución dictada el 15 de agosto que ordena el reintegro provisorio de la Finca Tarres, ubicada en el kilómetro 6, entrando por el kilómetro 5 de la ruta nacional 86.
Esta decisión judicial es la que se “tradujo en un desalojo violento, avasallando derechos de las comunidades originarias de Quebrada de Tartagal, Quebracho y Sarmiento”, señala el documento entregado a los medios de comunicación.
Un funcionario del Área de Gestión del INAI concurrió a la zona y constató “vicios en cuanto al accionar del juez de garantías N° 2, Héctor Fernando Mariscal, a instancias del fiscal Pablo Cabot”.
Entre esos vicios citan el haber dado “curso a una solicitud sin respetar la plena vigencia de la Ley 26.160 y sus prorrogas amparadas por el Bloque Constitucional”, el inicio de “acciones penales contra tres particulares” y el desalojo ejecutado “contra toda la comunidad, inclusive sin constatación previa de la ocupación”.
“Es notorio que estas acciones y desalojos se llevan a cabo mientras se está dando cumplimento al programa de relevamiento territorial de la zona”, apunta el documento suscripto por los organismos nacionales en Salta, que reiteraron el pedido de asistencia urgente a los damnificados y la adecuación a la normativa vigente desde los ámbitos judiciales.