La decisión se conoce luego de meses de conflicto del Cadic -organismo dependiente del Conicet con sede en la capital fueguina- con entidades protectoras de animales que se opusieron a la medida y que lograron una medida cautelar para detener la matanza.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, había dado lugar en julio pasado a la cautelar y obligado a las partes a ponerse de acuerdo en la implementación de un plan alternativo -propuesto por la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf)- consistente en la captura de los ejemplares mediante jaulas trampa, su castración quirúrgica por un médico veterinario y su traslado a un predio especialmente acondicionado.

Si bien el Cadic-Conicet apeló la decisión del juez, aceptó que, si esa acción es permitida en el futuro, no utilizará el gas como elemento letal contra la especie considerada “exótica e invasora”.

En su lugar, los conejos serán combatidos “con el método establecido por la autoridad de aplicación en el tema que es la Secretaría de Ambiente de la provincia, con la que estamos trabajando en conjunto”, explicó a Télam el director del Cadic, Gustavo Ferreyra.

 

Según el organismo científico fueguino, la clave de la discusión consiste en reconocer al conejo como una “especie exótica invasora que pone en riesgo el patrimonio natural, cultural e histórico de Tierra del Fuego, así como la salud de sus habitantes”.

“El principal motivo para tomar medidas urgentes es ecológico. La invasión de conejos es una amenaza concreta para las especies nativas, para el suelo en el que se desarrolla la vida de otros organismos, para la salud humana y para el patrimonio histórico de la provincia porque se afectan yacimientos arqueológicos”, detalló el Cadic en un comunicado.

También, expresó que la entidad “no tiene una postura intransigente, autoritaria o cerrada al diálogo” y que “no se avanzó con ninguna acción hasta tanto se resuelva el conflicto”.

Respecto del gas fosfina, el director del Cadic explicó que, a raíz de la decisión del juez, les pidieron que no empleen esa sustancia y, en ese sentido, indicó que están “cumpliendo con ese requerimiento”.

Por su parte, las asociaciones protectoras también denunciaron un intento de las entidades científicas por “silenciar el debate” a través de un pedido al Juzgado de que “todas las actuaciones sean de carácter reservado”.

Sin embargo, desde el Cadic lo desmintieron: “No se realizó ningún pedido de reserva de las actuaciones del expediente. Es falso que se pretenda ocultar la información a la prensa y a la población”, aseguró.