Por  Marc-Henry André

Hace dos semanas, en París, en la primera reunión de Ministros de Agricultura del G-20, el argentino Julián Domínguez se jactó de representar a “un país de 40 millones de habitantes que produce alimentos para 450 millones”. Además, no perdió la oportunidad política de criticar a su par británica, Caroline Spelman, quien pedía eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos que perjudican los pueblos importadores de cereales, como los de África del Norte.
Dos temas a tener en cuenta. Primero, que Francia asume este año la presidencia del G-20 y su presidente Nicolás Sarkozy eligió como prioridad reforzar la seguridad alimentaria en países golpeados por el hambre. Después,  que la Argentina y Francia se destacan en el mundo por gozar de territorios privilegiados para producir alimentos. Los dedos de las manos sobran para contar los países tan dotados en la materia.
Para preparar la reunión en París, histórica de por sí, Bruno Le Maire, el ministro francés, viajó a decenas de países para discutir medidas que podrían evitar futuras crisis alimentarias. Si Brasil lo logró en una década con su plan “Hambre Cero”, ¿por qué no hacerlo a escala mundial?
 Al principio, insistió en “regular los mercados agrícolas”. Fue malinterpretado. Los países del Mercosur pensaron que Francia quería ponerle un techo a los precios agrícolas. El Ministro de Economía, Amado Boudou, puso un grito al cielo: “¿Ustedes, los europeos, quieren limitar el precio de los productos que nosotros exportamos? ¿Quieren limitar nuestro desarrollo económico?”. Cuando llegó a Buenos Aires en abril pasado, Le Maire entonces le aseguró a Domínguez que no quería limitar el precio de los cereales que cobran los productores. La presidente Cristina Fernández podía quedarse tranquila…
La contradicción no escapó a nadie: la Argentina es el único país del mundo donde los productores de cereales cobran por ellos un precio muy por debajo del nivel internacional, por voluntad política y en forma sistemática. Significa que no siembran tanta superficie como lo harían con precios no pisados por el doble sistema de derechos de exportación y cuotas de exportacion de cereales.
En Europa, los cerealeros cobran unos 300 euros por hectárea en subsidios. Aquí, es al revés: son los productores los que subsidian al Estado. Le dejan unos 450 dólares por hectárea cuando siembran soja, 450 al cultivar un maíz y 250 por un trigo.
 No es todo. Además de los derechos de exportación, la atribución a cuentagotas de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) también le quita al productor parte del valor de sus granos. En este caso no para el beneficio del Estado, sino del de los industriales de la carne y de los exportadores. Surgen entonces los interrogantes.
¿Qué tipo de redistribución de riqueza es este? ¿Cómo sacarle unos 50 dólares por tonelada de cereales a unos 150 mil argentinos radicados por todo el país para dárselos a un puñado de empresas?¿Qué harían con un maíz y un trigo al precio internacional? Sembrarían más.
Hagamos un pronóstico conservador : un millón de hectáreas más por cada cultivo en una sola campaña. De acuerdo a los rindes promedios históricos, se sacarían cinco millones de toneladas (Mt) de maíz adicionales y tres más de trigo. Eso sólo con eliminar el sistema de ROEs. Lamentablemente, por quinto año consecutivo, esta comida faltará. No por escasez de lluvia, sino por voluntad política.
Los Africanos importadores de cereales son víctimas del sistema regulatorio argentino, pues éste desincentiva la siembra de maíz y de trigo. No sería un problema si la Argentina no fuese el único país en el mundo capaz de proveer tantos excedentes en tan poco tiempo. Si, al menos, los ROEs, parte del intento de controlar los precios de alimentos en el mercado interno, alcanzaran su objetivo después de cinco años en vigencia, se entendería mejor. Pero no es secreto que los quesos hoy son más caros en Capital Federal que en París, y eso comparando un azul con un roquefort hecho con leche de oveja y un cremoso básico con un camembert de marca.
El pollo a 6 pesos por kilo en lugar de 10 en carnicería, que se vende en algunas cadenas de supermercado por momentos fugaces, es un beneficio irrisorio comparado con el tremendo costo humanitario y económico del sistema de restricción de exportación. Sin hablar de las situaciones de corrupción a escala escalofriante que favorece semejante sistema.
A contrario de lo que trascendió en la prensa local, la propuesta del ministro británico, sí fue aceptada por el argentino y los demás ministros de Agricultura reunidos en París el 23 de junio, aunque en una forma atenuada. En el articulo 37 de su “Plan de acción sobre la volatilidad de los precios agrícolas”, reconocen que “los obstáculos a las exportaciones alimentarias que traban la ayuda humanitaria penalizan los que más la necesitan. Convenimos hacer desaparecer las restricciones a las exportaciones de alimentos y los impuestos excepcionales para los alimentos comprados a fines humanitarios y no comerciales y convenimos no imponer semejantes medidas en el futuro”.
De ser ratificado por los jefes de Estado del G-20 en la cumbre de Cannes, en Noviembre próximo, este acuerdo político podría ser trasladado en el derecho comercial internacional.