Impulsado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado.

“Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, celebró el presidente Alberto Fernández esta mañana desde su cuenta de Twitter, tras la sanción de la ley en el Senado.

El envío de la iniciativa había sido no sólo un compromiso de campaña, sino también una promesa expresada ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de este año, al dar inicio al período de sesiones ordinarias. Allí, el mandatario dejó clara su postura ante el aborto: “Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”.

Desde Amnistía Internacional celebraron: “La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar“, sostuvo un comunicado de la organización.

“Argentina generó un importante avance en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, y también envió un fuerte mensaje al continente, donde las leyes restrictivas en acceso al aborto legal y seguro provocan graves riesgos a la salud y la vida de millones de personas”, dijo en tanto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa entidad.

Ahora solamente restará su promulgación por parte del Ejecutivo y su posterior reglamentación.

LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY:

– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

– La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.

– El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.

– Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

– En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.

– Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.

– Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.

– En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.

– El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.

– Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.

– En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.

Más de 23.000 mujeres mueren al año en el mundo por abortos clandestinos

En el mundo se reportan alrededor de 121 millones de embarazos no deseados al año, de los cuales 73,3 millones terminan en abortos provocados, un tercio de ellos considerados “muy riesgosos” y también la causa del fallecimiento de al menos 23.000 mujeres, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher.

Según el organismo sanitario dependiente de Naciones Unidas (ONU), de las 300.000 mujeres que fallecen al año por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada, se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.

La cifra del Instituto Guttmacher, una ONG dedicada al progreso de la salud sexual y reproductiva, es aún mayor, acercándose a los 35 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 23.000 resultan mortales.

El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%. En líneas generales, mientras que en las regiones desarrolladas se registran 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, la cifra aumenta hasta las 220 y las 520 por cada 100.000 en las regiones en desarrollo y en el África subsahariana, respectivamente.

En los países en desarrollo, hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas cada año a consecuencia de un aborto inseguro.

Según un balance publicado por la ONG sobre una investigación de la revista especializada The Lancet, el porcentaje de embarazos no deseados y de abortos, en términos comparativos, es similar entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en los que está prohibido; no obstante, el índice de abortos sí es mayor donde está restringido.

En total, de las 73,3 millones de interrupciones provocadas anualmente a nivel global, alrededor de 24,4 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad.

En América Latina y África, tres de cada cuatro abortos practicados discurrieron en la clandestinidad.

En América Latina existe la interrupción legal en Uruguay, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Cuba; mientras que por el contrario El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Surinam la prohíben en todas las circunstancias.

El resto de los países se divide entre los que la habilitan bajo orden terapéutica o justificaciones de salud, y si corre riesgo la vida de la mujer; argumentos que representan a 56 países -con 237 millones de mujeres en edad reproductiva- y 39 -con 359 millones-, respectivamente.