El siniestro por el que se derramó agua cianurada durante el proceso de extracción de oro y plata en la mina Veladero, que explota la empresa Barrick Gold en San Juan, se suma a unas 1.500 causas medioambientales judicializadas, informaron fuentes de la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA).

Mientras el juzgado de Jáchal investiga actualmente el siniestro, el Juzgado Federal Criminal Correccional 7 en Capital Federal, que lidera el juez Sebastián Casanello en Comodoro Py, es el que investiga la posible responsabilidad de los funcionarios que tienen atribuciones y competencia en materia ambiental.

“Cuando ocurrió el siniestro en San Juan por la actividad de la minera Barrick Gold, la fiscalía en materia ambiental inició una investigación que forma parte de 1.500 investigaciones iniciadas por la Ufima”, creada en 2006, indicó la fuente. Hasta 2005, eran entre 160 y 180 las causas iniciadas dentro de la competencia de residuos peligrosos y delitos conexos.

La Unidad se nutre de denuncias que suelen llegar al mail de la página del Ministerio Público –ufima@mpf.gov.ar– por parte de los mismos organismos públicos que controlan la responsabilidad administrativa, si eventualmente correspondiera la penal. Otras denuncias son iniciadas de oficio, a través de un alerta informativa de la Unidad liderada por el fiscal Ramiro González.

La Ufima tiene por misión actuar en las causas ambientales en las que la justicia federal le pida colaboración, así como iniciar investigaciones preliminares en todo el ámbito de Argentina. En el caso de Veladero, se realizaron diversas denuncias en San Juan y en Capital Federal, donde quedó radicada una por “incumplimiento de funcionario público” en la que González actúa como fiscal del juzgado federal de Casanello, aunque esta intervención “está actualmente discutida en el juzgado de San Juan”.

“Está la Corte Suprema de Justicia dirimiendo a ver si somos competentes nosotros, cosa que sostenemos que sí los somos para intervenir en la responsabilidad de los funcionarios nacionales o provinciales con competencia en el lugar” del siniestro, dijo la fuente de la fiscalía.

Como hay funcionarios que tienen jurisdicción en el ámbito nacional -en área de Minería o Secretaría de Ambiente-, están imputados desde el comienzo de la investigación. Esto es así porque “no puede quedar la responsabilidad de los funcionarios en manos de un juez provincial, sencillamente porque escapa a la competencia propia del territorio”, argumentan desde el juzgado federal.

Asimismo, funcionarios provinciales “están imputados por esta fiscalía en la causa del doctor Casanello”, pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sanjuanina o al ministerio de Minería, completan.

La fiscalía está haciendo una reconstrucción a través de distintas pericias con organismos, muchas de las cuales se iniciaron con intervención de la Ufima. Entre las numerosas pruebas y pericias en curso, se cuentan estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua; por la división de Operaciones Ambientales de la Policía Federal; informes de universidades además de declaraciones de organismos, y relevamientos de agua y recursos del suelo, así como la situación sanitaria de las personas que conviven en las cuencas de los ríos dañados.

Hacia Jáchal viajará próximamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, tras divulgarse ayer un informe de la ex Secretaría del área sobre la mina Veladero que, realizado en octubre, ya reportaba fallas en la seguridad del procedimiento productivo.

A fines de febrero, un peritaje de la Policía Federal determinó que el derrame de un millón de litros de agua cianurada registrado a mediados de septiembre provocó la contaminación de cinco ríosUn informe de la Universidad de Cuyo publicado en octubre ya había reportado que el río Jáchal presenta varios metales pesados. La mina Veladero se encuentra a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan, a 4.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes.