La normativa, además, invita a adherir a la iniciativa a todas las jurisdicciones del orden provincial y municipal, atendiendo a la problemática que ocasiona el ruido de este tipo de productos y entendiendo que representa una preocupación en virtud de las consecuencias negativas que la exposición a ciertos niveles sonoros puede ocasionar, tanto en el ambiente como en la salud de la población y en la fauna.

Desde el Ministerio de Ambiente, aseguraron que la idea que presidió la iniciativa fue que “el Estado se sume con una política activa a la protección frente a la contaminación acústica que supone la pirotecnia de estruendo”.

El decreto sostiene que “la Constitución Nacional establece, en su artículo 41, que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; que la Ley General del Ambiente (ley 25675) “establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, y que la misma ley “ sienta los objetivos de la política ambiental nacional entre los cuales se destacan promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

En este sentido, son diversos los estudios científicos que permiten comprobar que el uso de artículos y artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros afecta la calidad auditiva de la población, y en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran los niños, ancianos, personas con discapacidad con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como también a la fauna y al ambiente en general.