Un reciente informe de Greenpeace denunció casos de desmonte ilegal en la región patagónica de nuestro país. ‘El mapa del delito forestal en Argentina’ revela cómo empresarios y gobiernos violan la Ley de Bosques en varias provincias, y en su tercera entrega se exponen casos de Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

El objetivo de este informe es demostrar la necesidad de que Argentina considere a la deforestación ilegal como lo que realmente es: un crimen.

Recordemos que en noviembre de 2007 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques. La norma incluyó la suspensión a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Además, estableció la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y protege los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.

Los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Las selvas y bosques son hogar y sustento de miles de comunidades y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son posiblemente nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado.

Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa.

A continuación podés leer el informe: