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Revista el Federal - Mi País - nota

El Ministro de Finanzas, involucrado en desmontes en Santiago del Estero

La ONG Greenpeace denunció el desmonte ilegal de unas 500 hectáreas en Santiago del Estero, realizado por Sacha Rupaska S.A., una firma cuyo principal acreedor es Luis Caputo, Ministro de Finanzas de la Nación.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se encuentra involucrado en una empresa señalada por realizar desmontes ilegales en Santiago del Estero. Caputo es socio de los dueños de Sacha Rupaska S.A., una firma dedicada a la compra de terrenos, la cual fue denunciada por intentos de desalojo violento de casi un centenar de familias que vivían en esos predios antes de que fueran adquiridos en 2007.

La ONG Greenpeace, junto a otras entidades como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), un sector de la Iglesia y comunidades indígenas, envió una carta al gobernador santiagueño Gerardo Zamora para denunciar el desmonte ilegal de aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati. Un desmonte que fue solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, los dueños de Sacha Rupaska S.A.

La zona en donde actualmente se encuentran trabajando topadoras, está zonificada como Categoría Amarilla según la Ley de Bosques, lo cual significa que son terrenos donde se admite el “uso sustentable” de suelo, pero se prohíben los desmontes.

Según la declaración jurada que presentó el ministro de Finanzas, su posesión accionaria en Sacha Rupaska S.A es de 7200 pesos, aunque en el listado de “créditos en el país” Caputo aparece como principal acreedor de la firma, por 3,8 millones de pesos.

La participación accionaria de Caputo en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, pareja del actual ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives.

Recordemos que Caputo fue denunciado por haber manejado dos fondos de inversión en Islas Caimán, como reveló la investigación de los Paradise Papers. El funcionario fue acusado de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.