Alejandro Jaime Braun Peña es primo de Marcos Peña, Jefe de Gabinete del Presidente Mauricio Macri y propietario de la Finca Cuchuy en Salta. Desde el 2014 es denunciado por Greenpeace por causar el desmonte de 9.000 hectáreas de bosque nativo protegido, además de atentar contra el estilo de vida de cuatro comunidades originarias que viven en estas tierras.

La ONG Greenpeace reiteró su denuncia contra el primo del Jefe de Gabinete por violar la Ley Nacional de Bosques. “Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, detalló a FM Alba de Tartagal, Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

El desmonte que Braun Peña está produciendo es posible por favores políticos. Las tierras de la Finca Cuchuy están protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, están dentro de las zonas rojas y amarillas, en ambas categorías está prohibido el desmonte, pero para llevarlo a cabo, le pidió al gobernador Juan Manuel Urtubey que les cambiara la zonificación, pedido que fue aceptado. Este desmonte ilegal se hace con la autorización de la gobernación.

Ya en el año 2014 Greenpeace había denunciado el hecho y sus activistas fueron presos. Cuatro topadoras están talando árboles a sólo diez kilómetros de la comunidad wichi Corralito. La situación de estas familias es preocupante porque quedaron en una pequeña isla de bosque, a su alrededor se extiende un reciente desierto desmontado. Además de esta comunidad, viven allí otras tres, la Cuchuy, San José y Chaguaral. Ellos denuncian el desmonte desde el 2012, nadie desde el Estado los oyó.

Las tierras que está desmontando la familia Braun Peña están dentro de las categorías I (Rojo) y II (Amarilla), se trata de 8.962 hectáreas, la mitad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron cambiadas de categoría para poder ser desmontadas. Esta tala fue advertida también por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, son ellos quienes aseguran que la destrucción de estos bosques nativos ocasionará graves consecuencias ambientales, no solo para las comunidades originarias que viven allí sino para el equilibrio de la biodiversidad de la región.

Si existiera la Ley de Delitos Forestales que estamos impulsando en el Congreso de la Nación, los funcionarios y los empresarios implicados en este caso estarían con una causa penal”, puntualizó Giardini. Este proyecto de ley tiene una suerte particular: está guardado en el cajón del escritorio de la diputada por Jujuy, María Gabriela Burgos.