Se trata de  la causa judicial donde tramita el pedido de información realizado al SENASA por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, con el patrocinio de Naturaleza de Derechos, sobre las evaluaciones y estudios de impacto en el ambiente y la salud que las empresas (Monsanto, Syngenta y Dow, entre otras) presentaron para obtener la autorización de uso y comercialización del glifosato en Argentina. El organismo estatal cumplió con la formalidad de presentarse en el expediente judicial aunque con una negativa arbitraria.

Efectivamente, no hay basamento legal para considerar que tenga carácter confidencial la información solicitada por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Se trata nada mas ni nada menos de los datos sobre las evaluaciones y estudios científicos publicados (en relación al ambiente y la salud humana) que avalan la supuesta inocuidad del glifosato y que motivaron la decisión administrativa del SENASA para autorizar todos sus registros , ya sea como principio activo o formulados comerciales.

Frente a la respuesta judicial dada por el SENASA, se solicitó a la magistrada actuante, el dictado de la sentencia que ordene al organismo estatal a hacer públicos los trabajos y evaluaciones requeridos.

En la solicitud judicial se le recalca a la magistrada que se trata de una negativa arbitraria e ilegal a brindar información pública de carácter ambiental, que viola las leyes 25831,25675 y decreto 1172/03.

La petición de acceso se sustenta en la necesidad de saber sobre qué información científica, la autoridad aprobó los registros del agrotóxico glifosato. Se apunta en la presentación judicial que  las empresas productoras del glifosato – oportunamente – debieron presentar ante el SENASA estudios y evaluaciones de riesgos que demuestran que el agrotóxico no produce efectos negativos en la salud humana, ambiente y biodiversidad.

Casi la totalidad de las autorizaciones sobre el glifosato fueron otorgadas hace más de 30 años, y la última revalidación data entre el periodo que comprende los años 1996 y 2000.

En los últimos 15 años, las evidencias científicas contra el glifosato se quintuplicaron. Se trata de investigaciones que han demostrado que tanto el agrotóxico en si como sus principales formulados comerciales tienen capacidad para generar – a su exposición directa o indirecta – consecuencias genotóxicas, teratogénicas y perturbadoras del sistema endocrino. A lo que se suma una clasificación cancerígena por la Agencia de investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en el mes de Marzo de 2015.

El incremento exponencial del uso de agrotóxicos (a la cabeza el glifosato con más de 250 millones de litros) en el proceso agro industrial tiene una relación directamente proporcional con un aumento de la tasa de cáncer en muchas localidades del interior del país, en relación a la media nacional. Es un dato muy preocupante y alarmante que la Red de Médicos de Pueblos Fumigados ha podido constatar en su trabajo epidemiológico sobre la localidad de Monte Maíz, en la Provincia de Córdoba.

Por último, se señala en el pedido de sentencia que el problema del glifosato no es sólo en los pueblos fumigados afectados por las fumigaciones aéreas o terrestres, sino también en las grandes urbes, donde se verifica la exposición indirecta en el consumo de alimentos (principalmente frutas y hortalizas) con residuos de agrotóxicos (entre ellos el glifosato).

Por ello, las redes de profesionales de Pueblos Fumigados (Médicos y Abogados) como varias organizaciones y asambleas ambientales del país quieren acceder a la información sobre esos estudios y evaluaciones, para plantear y revisar todas las autorizaciones de registros del glifosato y sus formulados comerciales, exigiendo al estado un proceso inmediato de revalidación con información científica actualizada (como la que surge de la IARC), con miras a la cancelación definitiva de su uso en los procesos productivos de alimentos.

La respuesta final la tendrá  la justicia en las próximas semanas.