Después de más de dos años, una causa iniciada por la comunidad educativa de la Escuela N° 44 República Argentina de Santa Anita, provincia de Entre Ríos, para denunciar las fumigaciones aéreas con agroquímicos y la contaminación e impacto en la salud de docentes y alumnos, será elevada a juicio.

En una audiencia en Concepción del Uruguay, la fiscal Melisa Ríos pedirá la elevación a juicio de las actuaciones por la fumigación en esa escuela rural del departamento Uruguay, sucedida el 4 de diciembre de 2014. Por ese hecho, los estudiantes y la docente Mariela Leiva tuvieron que recibir atención médica en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.

Este expediente judicial se convertirá en el primero que se eleva a juicio por fumigación en la provincia. Fue iniciado por una docente y por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

“Sigue habiendo fumigaciones, sin control”, indicó la directora de la escuela rural 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar, Mariela Leiva, a medios locales. Aclaró que “la situación mejoró en el departamento Concepción, pero siguen ocurriendo estos hechos en otros lugares de la provincia”. Repasó las investigaciones y los estudios de aire, suelo y agua encarados a instancias y pedidos del colectivo social, a cargo de las universidades nacionales de La Plata y de Rosario, y la estrategia de nuevas investigaciones, que apuntan a desnudar un modelo de producción contaminante, que pone en riesgo la salud de la población.

Otro caso para mencionar y que está abordado en el libro ‘Envenenados‘ recientemente reeditado es el de Estela Lemesla directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, un paraje cercano a Gualeguaychú, quien convive con dos químicos en su sangre (uno de ellos, glifosato), producto de una fumigación ilegal que le ocasionó serios problemas de salud, y la ART se niega a cubrirle los costos de un tratamiento intensivo. Por otra parte, el IOSPER sólo lo hace en un 70 % pero no incluye costos de traslado y estadía en Buenos Aires, donde podría atenderse.

La ART continúa sin darle respuestas a pesar de que el padecimiento por el que pasa fue causado por la fumigación ilegal de un campo lindero a la escuela en horas laborales. Su caso también está judicializado, tanto en la Justicia Laboral, contra la ART, como también con una demanda civil contra los dueños del campo.

Según dijo, “en los campos linderos a la escuela, en estos momentos no se siembra y por eso no se ha fumigado. Pero en los alrededores, sí. Hace muy poco, en un campo cercano a la escuela, aunque no lindero, el dueño del campo iba detrás de la fumigadora. No tenía idea lo que estaba haciendo, porque se estaba perjudicando él mismo, primero, y luego al resto de los vecinos”, relató Lemes e indicó que “el campo grande que está enfrente es de los herederos de quien fumigó y contra ellos tengo una demanda civil. Desde el momento en que yo difundí el caso en los medios, no arrendaron más el campo para siembra”.