El empresario minero se supone siempre por arriba de la Ley, su actividad lo vuelve una persona fácilmente distinguible: viola la legislación en curso. Esto es lo que sucedió en Mendoza con el propietario de la Cantera “Áridos Canale”, Pablo Canale, quien recibió la orden de clausura de parte de la Policia Minera, y decidió desobedecerla y seguir extrayendo minerales.

La Dirección de Minería cuyana fue quien realizó la denuncia hacia Canale por continuar trabajando en una cantera que no cumplía con las normativas ambientales correspondientes. La fiscal Carla Cruzado confirmó el procesamiento del empresario minero, quien fue “imputado por “desobediencia a la determinación de cierre de la actividad realizado por la Policía Minera en el ejercicio de sus legítimas funciones”.

Este empresario ya había incurrido en este escenario de desobediencia dos veces en los últimos dos años. La cantera de Canale está ubicada en el Distrito Anchoris, en Tupungato. Este hecho fue recibido con mucha alegría por vecinos y por ambientalistas que pretenden que la Dirección de Minería, junto con la Policía Minera tengan un mayor control de la actividad que es seriamente cuestionada. 

Desde la propia Dirección de Minería afirman que pretenden reforzar los controles para que todos los emprendimientos mineros cumplan con las normativas legales vigentes a esa actividad, con el objetivo de proteger no sólo el aspecto legal sino el medio ambiental. Desde el 2012, la Dirección de Minería inspecciona canteras y aquellas que están fuera de la ley, son inspeccionadas y emplazadas a cumplir con la ley.

Mendoza está en el centro de la escena nacional, junto con Chubut, ya que en el subsuelo cuyano habría importantes yacimientos de uranio. El Estado Nacional presiona para que la legislatura provincial modifique una ley que prohíbe la extrancción de uranio.