El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en enuestro país. La presente validación representa una garantía más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental.

A mediados de agosto fue tratado en la Cámara alta, donde fue aprobado por unanimidad. Con la media sanción obtenida ayer en Diputados, el Congreso Nacional ratifica el tratado regional vinculante, convirtiendo al país en el décimo en ser un Estado parte.

Es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias“, expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

El ministro consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento.

“Argentina dio un paso histórico para la lucha contra la crisis climática y la reducción de los conflictos socio-ambientales“, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través de un comunicado de prensa.

Argentina se suma así a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.