Escenario 1. Una bonanza inusitada, con rindes récord y precios internacionales que potencian la ganancia. No importan las retenciones altas, el dinero fluye y el gringo cambia la chata, viaja a Europa, compra departamentos en Rosario y en Buenos Aires. Invierte en ladrillos, como le enseñó el nono.
Escenario 2. Dos campañas seguidas con sequía. Llueve menos de 200 milímetros y una soja promedio necesita, mínimo, alrededor de 600. No crecen las pasturas, mueren los animales, la tierra pierde nutrientes, no importa la inversión en insumos agrícolas ni el yugo del productor: la cosecha está prácticamente perdida o tiene deficiencias importantísimas en los rendimientos, que caen incluso hasta la mitad. No se puede pagar el crédito del tractor, no alcanza para el arrendamiento y se hace cuesta arriba pagar la universidad de los hijos. Si la situación se sostiene así un año más, se perderá también el campo.
Son dos caras reconocidas de una misma actividad: Así se vive en el campo argentino. Más allá de políticas que acompañen o metan presión, la naturaleza por sí misma se transforma en un condicionante muy importante para el chacarero. Quien más hectáreas posea, mayor riesgo tendrá de verse damnificado en este juego en el que, muchas veces, la taba termina cayendo de culo. Pero, al mismo tiempo, el más grande tendrá más posibilidades de sobrevivir, frente a tantos miles de pequeños productores que, de una volada, pueden perderlo todo. Más que nada, por una cuestión de tamaño.
La provincia de Buenos Aires está viviendo el escenario número 3. O sea, el más indeseado: el de las inundaciones.
Según un informe especial elaborado por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, de las 29 millones de hectáreas de superficie total que abarca el territorio bonaerense, “con algún tipo de afectación por las intensas lluvias caídas en las últimas semanas ascienden a 3.519.201 según los datos recabados por la Dirección de Emergencia.” De acuerdo con estos datos, se verían afectadas las áreas productivas de las regiones centro, centro este y oeste de la provincia, que representarían alrededor del 12 por ciento de las tierras cultivables.
Esta información es inconsistente con los números que presentan los productores: dirigentes de Carbap afirman que hay más de once millones de hectáreas anegadas en cuarenta distritos a lo largo de toda la provincia. El panorama habría empeorado en los últimos días, con las precipitaciones de más de cien milímetros que cayeron sobre los partidos del Norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires: el agua avanzó sobre poblaciones y ya amenaza pueblos, pequeñas ciudades y centros urbanos, además de las pérdidas que se registran en hacienda, granos y cosecha.
La lista de municipios damnificados queda rápidamente desactualizada: cambia en forma continua, en cuestión de horas. La elabora la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (Cedeba), que fue convocada por el gobierno de Daniel Scioli para decidir qué estatus tendrá cada municipio, según su nivel de afectación frente al desastre natural. No son decisiones menores: según el grado de involucramiento en el desastre, será mayor o menor la ayuda o los beneficios que se reciban del Estado provincial.
Cedeba declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 15 distritos, así como la prórroga en otros dos. Tordillo, General Pueyrredón. Guaminí, Tandil, Saavedra, Azul, Benito Juárez, General Alvear, Gonzales Chaves, Laprida, Las Flores, Necochea, Saladillo, San Cayetano y Tapalqué son los que integran la nómina. En tanto, se concedieron prórrogas a los de Coronel Pringles y Villarino.
A su vez, podrían ser declarados en emergencia también Bragado, Daireaux, General Belgrano, Guardia del Monte, Roque Pérez, Pila, Balcarce y Adolfo Alsina.
Hay, sin embargo, una larga lista de municipios afectados. Pehuajó, con muchísimos caminos anegados, es uno de ellos. También están las localidades de Carlos Casares, Bolívar, Pehuajó y Las Flores, en las cuales hay lugares en los que sólo se puede ingresar con tractores. En Trenque Lauquen, la situación es crítica y sus caminos rurales sólo pueden ser transitados a caballo.
Según la entidad agropecuaria Carbap, también se afectó la actividad ganadera y agrícola, en zonas de Tres Arroyos, Gonzales Chaves y San Cayetano, hacia el sudeste provincial. Allí se señalan pérdidas importantes en cultivos de cebada, trigo y maíz, y también serios problemas con la hacienda.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional auguró una mejora del clima -de hecho, ya el lunes el sol brilló en prácticamente toda la provincia- la acumulación de agua es tan importante que se espera un drenaje lento y dificultoso.
Cuando hablan del tema, los damnificados culpan a la instalación irresponsable de canales de riego clandestinos -cursos de agua que sacan aguas de los ríos y arroyos sin autorización oficial- y también a la falta de obras de infraestructura por parte de los gobiernos provincial y nacional. Ya lo dijo Hugo Luis Biolcati en su discurso de despedida como presidente de la Sociedad Rural Argentina: “Son cosas de la naturaleza, pero con obras, el daño sería menor y de más rápida solución”, planteó.
El ministro Gustavo Arrieta informó que “cada productor afectado debe ir a su municipio y llenar una declaración jurada muy simple para pedir acogerse en el mecanismo de emergencia o desastre, según corresponda. En algunos casos se prorrogan  las deudas bancarias y los impuestos, y en otros, los de zona de desastre, se prorrogan por más plazos los vencimientos y en la mayoría se anula el pago”. Recordó que el mes pasado fue “el segundo agosto más llovedor en 60 años”, por lo que las consecuencias fueron muy duras. De todas maneras,  si no se hubieran hecho las obras públicas que hicimos en los últimos años en esas zonas, estaríamos mucho peor”.
Scioli salió a la palestra y dijo que el caso de cada productor será analizado individualmente por la provincia, que ponderará la ayuda que deberá brindar. Esta ayuda podrá llegar a través de exenciones impositivas, diferimientos, créditos y hasta subsidios, aunque aun no se han comunicado cómo se instrumentarán estos canales de ayuda.
Sí se sabe que el ministro de Planificación, Julio De Vido, será el encargado de organizar la distribución de los recursos.
Eduardo Bucca, intendente de Bolívar -una de las zonas más afectadas, con gran cantidad de campos y caminos anegados- afirmó a El Federal que aborda las soluciones con la compañía de la comunidad: “Estamos en contacto con los gobiernos provincial y nacional, y estamos encarando obras pequeñas de microdrenaje con el financiamiento que tenemos”, afirma. En la zona que gobierna, en lo que va de 2012, hubo 1.000 milímetros de precipitaciones, cuando la media anual en Bolívar no excede los 500 milímetros anuales. La mayor preocupación del intendente está en las pequeñas localidades de Hale e Ibarra, las más amenazadas, aunque aun no inundadas. “Esperamos lo antes posible lograr recomponer los caminos, en especial a los tambos, y que no se tengan que cerrar escuelas rurales. Nuestra prioridad es limpiar y liberar las rutas”, explicó Bucca. Afirmó que aún tiene muchos canales que corregir y cursos de agua a desarrollar. “También cambiamos 700 alcantarillas y debemos 3 mil más. Lo importante es tener sustentabilidad en el trabajo”, afirmó. En otras palabras, financiamiento sostenido para hacer las obras.