La organización ambientalista Greenpeace entregó una carta para el empresario Orlando Canido, dueño de la compañía de gaseoas Manaos, en su planta embotelladora del partido bonaerense de La Matanza, para pedir el cese del desmonte de un bosque nativo en Santiago del Estero, y de toda violencia hacia la comunidad indígena Yaku Cachi Bajo Hondo.

Además, Greenpeace llevó en una camioneta una porción de bosque nativo en representación de las 500 hectáreas que el empresario desmontó ilegalmente, como parte del proyecto que arrasará con casi 4 mil hectáreas de tierras reclamadas por 60 familias de dicha comunidad.

“Canido, por qué destruis lo mejor de tu país” fue el mensaje que transmitió la organización ambientalista al empresario, haciendo alusión al slogan de la bebida.

“El avance de los desmontes ilegales viene asociado al incremento de los conflictos violentos por parte de los desarrolladores agropecuarios con el objetivo de desalojar a las comunidades. Los que deforestan ilegalmente deben ser considerados delincuentes y Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, es un claro ejemplo”, indicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.  

Además, según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) las comunidades vienen sufriendo ataques, que incluyeron incendios, disparos a vehículos, contaminación de los pozos de agua y un tiro en la pierna a un campesino, por parte de grupos armados a las órdenes del empresario Canido.

Greenpeace exigió al Congreso Nacional que se sancione el proyecto de ley que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, ya que ante los reclamos de los campesinos por sus tierras, la Dirección de Bosques suspendió el proyecto en noviembre 2014. 

Por otra parte, Greenpeace señaló en una carta dirigida a la gobernadora de Santiago del Estero que permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, la Ley Nacional de Bosques dicta que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.”