En septiembre de 2015, en la mina de oro Veladero se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada hacia el río Potrerillos, hasta llegar al río Jáchal.

Los derrames continuaron en los años siguientes. Millones de litros de agua cianurada ocasionaron la contaminación de los ríos en el departamento de Iglesia, con el consecuente impacto en la salud de la población, que debió recurrir a otras fuentes de agua, también la mortandad de peces, incluso de vicuñas.

Además del cianuro, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo comprobó que el río Palca, próximo a la mina Veladero, tiene altos niveles de mercurio, manganeso y aluminio.

Pero la contaminación no parecería importarle a la empresa extractivista canadiense: “Nuestra revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación. Establecimos equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites con el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas. Nuestro objetivo es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel”, aseguró Mark Bristow, CEO de la compañía, en una videoconferencia.

La minera tiene como objetivo utilizar energía producida en Chile para operar la mina. “Es una oportunidad de oro para el despegue del desarrollo minero de Argentina. Que ninguna medida fiscal pueda destruir esta oportunidad”, agregó Bristow.

Mientras en diciembre pasado el pueblo mendocino logró frenar el intento de modificación de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en procesos de explotación minera; mientras la comunidad chubutense custodia de cerca su Ley 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro; San Juan continúa desprotegida.