El gobierno nacional lanza su ofensiva final para dañar el medio ambiente en el país. Prepara desde hace cuatro meses un relanzamiento de la actividad minera, para llevar adelante este propósito bosquejó un “Acuerdo Minero Federal” que tiene como fin multiplicar los proyectos mineros en el país.

El Ministro de Energía y Minería, el accionista de Shell, Juan José Aranguren quien es el ideólogo del proyecto, avalado por el presidente Mauricio Macri, pretende homologar las diferentes legislaciones nacionales y provinciales, con el fin de darle un marco de comodidad y beneficios a las empresas que se instalen en el país para extraer nuestros recursos naturales.

El “Acuerdo” plantea lograr el respaldo de las comunidades en donde se desarrollaran los proyectos mineros, algo considerado por todos como inviable, debido a la enorme oposición de los pobladores de los distintos pueblos, que como Jachal en San Juan, deben ver con los brazos cruzados como Barrick Gold contamina sus ríos. La poca percepción de la realidad es una de los pilares que ha demostrado tener este gobierno, quien poco le ha importando la contaminación que causan estos emprendimientos de minería a cielo abierto.

La Administración Central se fijo una meta: lograr que empresas mineras inviertan en los próximos ocho años U$U 25.000 millones, no importa cómo ni cuándo o el método que se utilice: el extractivismo es una cuestión de Estado. Teniendo en cuenta que en el periodo 2007/15 se invirtió en el área U$U 10.000 millones, el objetivo del gobierno es abrir minas aún a pesar de que hay provincias como Chubut donde está prohibida la actividad. El gobernador de esta provincia, Mario Das Neves, advertido de este “Acuerdo Minero Nacional”, se manifestó: “La megaminería a cielo abierto está prohibida en Chubut. Sólo se podría revertir en un plebiscito

Daniel Meilán, Secretario de Minería, es un alfil que pregona lo injustificable: sostiene que la megaminería protege el medio ambiente y se ilusiona con el crecimiento económico que traerá para los pueblos la apertura de minas. La industria minera, el caso de la empresa MCC en Sierra Grande es un ejemplo de esto: obtiene ganancias que no quedan en el país, y los pocas cosas que sí quedan en nuestro suelo son: contaminación y desempleo.

El Acuerdo Minero, lo saben quienes lo crearon, tendrá una pared inmensa que atravesar: las organizaciones ambientalistas que en estos años han sido las únicas herramientas de los pueblos sometidos a la minera para poder detener la corrupción y la contaminación. Dos tercios de los proyectos que se quieren fomentar con este Acuerdo están asentados en ambientes periglaciares, es decir, protegidos por la Ley. Barrick Gold acaso sea la empresa que más ha violado esta ley, la mina Veladero y Pascua Lama están sobre territorios protegidos, y sin embargo los contaminan.

Para llevar adelante este Acuerdo el gobierno nacional estudio modificar la Ley de Glaciares, para hacerle más flexible y “a la carta” de las mineras para que puedan trabajar con total libertan en zona naturales protegidas por la Ley. La ofensiva minera que el gobierno plantea no contempla marcos ambientales. El cuidado del medio ambiente no está en sus planes. “Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido (el acuerdo minero) para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones“, dijo a La Nación el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres, del Pro de San Juan.  El plan de la Casa Rosada es lanzar el debate el 1 de Marzo,  cuando se abran las sesiones ordinarias del Congreso.

Los ambientalistas ven absolutamente inviable el proyecto, y viendo el acompañamiento que estas organizaciones han tenido en los innumerables conflictos que la minería trae en los pueblos, conveniar este Acuerdo no le será fácil al gobierno. Los glaciares y los ambientes periglaciares son reservorios naturales de agua dulce que están protegidos por Ley, algunos por la propia Unesco.

“El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas“, lo sintetizó el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo. El gobierno busca seducir aduciendo que el Acuerdo Minero establecerá mayores beneficios para las comunidades, mayor participación en los ingresos de las provincias y “altos estándares de gestión y control ambiental”

Lo cierto es que el gobierno busca eliminar las zonas protegidas por la Ley para darle libertad a las mineras para que operen en territorios naturales donde nacen los ríos que dan de beber a las poblaciones y son usados para regar los cultivos. El alma del proyecto es que la contaminación sea legal.