“Repudiamos que la Sociedad Rural esté presionando para que el Congreso no sancione la Ley de Humedales y para que no se penalicen incendios y desmontes”, declaró Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace.

La organización demanda que se prohíba y castigue penalmente la destrucción de humedales y bosques nativos. En lo que va del año se quemaron casi medio millón de hectáreas, según datos oficiales, lo que representa un verdadero ecocidio sobre bosques, humedales y pastizales.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural expresó recientemente en un programa de televisión, que “hay una cantidad de avances en un congreso que funciona más o menos, desde lo institucional, que tiene ciertos proyectos de ley que nos preocupan enormemente. Hay catorce proyectos de ley de humedales, y lo que van a hacer es restringir hasta el 20% la producción en muchas áreas que están en producción. Hay un avance sobre nuevamente la Ley de Bosques, que quiere dejar afuera una cantidad importante de hectáreas”.

“El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras. No podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Mingo.

De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas; esto incluye la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras. Por otra parte, factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en la propagación de los fuegos.

Para la organización ambientalista las medidas para controlar el fuego son insuficientes y deben ser ampliados los fondos e infraestructura para la prevención y lucha contra incendios.

Entre Ríos es la provincia más afectada por los incendios en el Delta del Paraná. En lo que va del año, en el Delta se registraron 33.963 focos de incendios, que afectaron más de 200.000 hectáreas. “Esto deja en evidencia que necesitamos de manera urgente la sanción de una Ley de Humedales que incluya la realización de un inventario nacional; una moratoria que impida actividades hasta que el inventario sea finalizado y la inclusión de la figura de delito penal para quienes destruyan humedales y bosques ”, agregó Mingo.