“Nuestros humedales y bosques nativos están siendo destruidos por los incendios. Los sectores agropecuario e inmobiliario son los principales responsables de esta devastación. Necesitamos con urgencia una Ley Nacional de Humedales y, además, que se penalice la destrucción de estos ecosistemas y de los bosques y los incendios intencionales”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.

Recordemos que semanas atrás, el Presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó públicamente su preocupación por el avance en el Congreso de la Ley de Humedales y de las modificaciones en la Ley de Bosques que buscan hacerla más restrictiva: “Hay una cantidad de avances en un congreso que funciona más o menos, desde lo institucional, que tiene ciertos proyectos de ley que nos preocupan enormemente. Hay catorce proyectos de ley de humedales, y lo que van a hacer es restringir hasta el 20% la producción en muchas áreas que están en producción. Hay un avance sobre nuevamente la Ley de Bosques, que quiere dejar afuera una cantidad importante de hectáreas”, expresó Pelegrina en un programa de televisión.

Con esta actividad en la vía pública, la organización busca exponer al sector agropecuario como responsable de los incendios en diferentes provincias del país. En lo que va del año, hay aproximadamente 900.000 hectáreas afectadas en el país.

Córdoba es la provincia más afectada por los incendios hasta el momento, seguida por Entre Ríos por los incendios en el Delta del Paraná. Según un reporte del Servicio Nacional del Fuego (SNMF) actualizado hasta el día de ayer, Córdoba cuenta con 315.944 hectáreas afectadas y Entre Ríos, 286.326. El SNMF indica que “el 95 % de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. Entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo”.

activista greenpeace

Para la organización ambientalista las medidas para controlar el fuego son insuficientes y deben ser ampliados los fondos e infraestructura para la prevención y lucha contra incendios. Se reclama una ley que proteja los humedales de nuestro país y que, a su vez, incluya la figura de delito penal para quienes los destruyen. Además, la normativa debe asegurar la realización de un inventario de humedales, la interrupción de actividades económicas sobre humedales hasta que no se haya finalizado dicho inventario, y la dotación al poder ejecutivo nacional y provincial de los recursos para gestionar su preservación.