Once comunidades huarpes reclaman al estado mendocino que se haga efectiva la expropiación de tierras a su favor, tal cual como dicta la Ley 6920 de 2001 que reconoció la “pre existencia étnica cultural” de este pueblo, ordenando la expropiación de 780.000 hectáreas del valle lavallino. La comunidad huerpa denuncia que desde aquel año la expropiación “se cajoneo”, la acción judicial involucra a un ex fiscal de estado y a ex funcionarios que habrían demorado la aplicación de la Ley.

“Esto es un verdadero escándalo político. No debe haber en el mundo una demanda de expropiación iniciada por un Estado que haya sido planchada durante 15 años” declaró al diario Los Andes, el titular de la comunidad huarpe Ramón Tello, quien estuvo acompañado por el abogado Fidel Bustelo, en el momento en el que se entrega la denuncia en la fiscalía de Mendoza.

La cronología de los sucesos puede resumirse así: en el año 2001 se promulgó la Ley 6920 en la que la justicia reconoce “la pre existencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac, determinando que el Estado expropie 780.000 hectáreas del desierto levallino para cedérselas a la comunidad, previa escritura a favor de los descendientes de los pobladores originarios. En aquel entonces el ex fiscal de Estado Pedro Sin declaró inconstitucional la Ley, debieron pasar siete años para que el 2008 la Corte Suprema de Justicia rechace esa incostitucionalidad y falle a favor de la expropiación de las tierras a la comunidad huerpe, hecho que no prosperó, aunque en el año 2011, y luego de incontables reclamos, el poder político mendocino quiso “darles algo” y de aquellas 780.000 hectáreas, les entregó a los huarpes apenas 72. La Corte de Justicia Provincial consideró que se debía dar una única escritura y no parcelarse el conjunto del lote.

Muchos de los campos que deben cederles a los huerpes son propiedad de ex funcionarios del gobierno de Celso Jaque, y allí estaría el orígen del por qué, a 15 años de promulgarse la ley, los huarpes aún no tienen sus legítimas tierras.

La denuncia que entregaron solicita que se investiga al fiscal Fernando Simón por violación de los deberes de funcionario público, ya que en el 2001 era Secretario de Legal y Técnica y debía estar al tanto de le Ley que ordenaba la expropiación de las tierras, también pide que sean investigados del Ejecutivo mendocino y del Municipio de Lavalle.

“Acá ni Fernando Simón ni los anteriores fiscales de Estado cumplieron con los deberes de funcionario público y su omisiones tienen a proteger los intereses económicos de conocidos empresarios, políticos y sus familiares. Han actuado en perfecta sintonía para perseguir un solo interés: no cumplir con la Ley”, afirma la denuncia.